Un juez prohibió la salida del país del hijo y el hermano del presidente guatemalteco Jimmy Morales, la noche del pasado miércoles, en el desarrollo de una investigación por presunta corrupción.
El fiscal Juan Francisco Sandoval informó que la medida busca garantizar que ambos se sometan a la justicia. José Manuel Morales Marroquín y Samuel Everardo Morales Cabrera, hijo y hermano del presidente, respectivamente, son investigados por la fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) por supuesta malversación de fondos en el Registro General de la Propiedad.
Según las investigaciones ambos habrían presentado cotizaciones falsas para brindar servicios de comida al Registro y con ello favorecer a un restaurante propiedad de un financista del partido por el que Morales llegó a la presidencia.
El nombre de Morales Marroquín salió a la luz durante la audiencia de primera declaración de 19 personas involucradas en el caso, el pasado miércoles. Ese día, Morales Cabrera reconoció haberle hecho “un favor” a su sobrino al conseguirle una factura por 90 mil quetzales del restaurante Fulanos & Menganos para simular el servicio de 564 desayunos para el Registro General, reportó Prensa Libre.
Un día antes, el jefe de Estado habló del caso en un mensaje a la nación y dijo que su hijo le comentó que se había enterado de las acusaciones a través de las noticias, y que él y uno de sus hermanos podrían tener relación “por algunas cotizaciones por servicios de alimentos”. El presidente afirmó que le dijo que lo correcto era presentarse al Ministerio Público y así lo hizo, voluntariamente.
En la que ha sido su única declaración sobre el caso, el mandatario también dijo: “Een este momento, mi esposa y yo respaldamos plenamente a nuestro hijo y confiamos en la honorabilidad de mi hermano, al mismo tiempo que respetamos a las instituciones responsables de impartir justicia en nuestro país. Bajo ninguna circunstancia interferiremos en su actuar”, según consta en el sitio de la Presidencia.
La Cicig y la fiscalía vincula a los familiares del mandatario a una estructura que malversó fondos del Registro General de la Propiedad.
De acuerdo con el diario Prensa Libre, la investigación desveló que entre enero de 2012 y mayo de 2015 se autorizó la firma de 16 contratos laborales anómalos, conocidos como “plazas fantasma”, los cuales recibieron más de 3 millones de quetzales como remuneración por un trabajo no realizado y para el que tampoco asistieron físicamente a su puesto de trabajo. En el caso están involucradas, además de los parientes del mandatario, otras 27 personas, y 22 de ellas ya están detenidas.
“Durante la investigación se encontraron indicios que señalan pagos anómalos por servicios de banquetes durante actividades del Registro, los cuales no fueron hechos por la institución, lo que significó un desembolso de al menos 150 mil quetzales (unos 20 mil dólares)”, informaron la Cicig y la fiscalía.
En una nota publicada en el sitio de la Presidencia, el gobierno también destaca las reacciones a la postura asumida por el mandatario, entre ellas, la de Rubén Hidalgo, director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos, quien dijo que su proceder trata de “librar la institucionalidad y el cargo que representa”. También ponderó la decisión de apartarse de los procesos judiciales y calificó que las declaraciones “eran obligatorias”, pues era necesario reconocer que este hecho puede desencadenar otras situaciones por la relación familiar directa que existe con los involucrados.
En 2015 miles de personas salieron a las calles de Guatemala para exigir el fin de la corrupción y la renuncia del entonces presidente Otto Pérez Molina.
Tras varios meses de protestas e investigaciones de la fiscalía y la Cicig que involucraban a Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti, ambos renunciaron al cargo. Los dos guardan prisión vinculados con al menos cinco procesos de corrupción, el mayor de ellos, el que el Ministerio Público denomina “Cooptación del Estado Guatemalteco”, ya que de acuerdo con las investigaciones el partido del expresidente se criminalizó antes de asumir el poder, de tal manera que cuando Pérez Molina asumió en 2012 ya tenía una estructura criminal que luego se organizó y se incrustó en el Estado para enriquecer a sus miembros.
Pérez Molina y Baldetti aseguran que son inocentes.
(Con información de AFP)