Tres de los cuatro hijos del empresario kirchnerista Lázaro Báez acudieron ayer a rendir indagatoria por la supuesta titularidad de unas cuentas en Suiza que, según un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina, habrían movido $25 millones de dinero ilícito a través de una fundación y dos sociedades radicadas en Panamá.
Martín, Leandro Antonio y Melina Soledad acudieron a la cita –cuya fecha fue adelantada por el juez Sebastián Casanello– pero no declararon, presentaron un escrito.
Martín llegó primero a la sede de los tribunales, con sus abogados, y sus dos hermanos lo hicieron poco más de una hora después, también con su abogado. Los tres negaron la existencia de las cuentas y cuestionaron la validez de la diligencia a la que fueron llamados en calidad de imputados por la presunta comisión del delito de lavado de dinero.
Según la defensa de Martín, el hijo mayor, el llamado a indagatoria fue “apresurado”. “En la convocatoria quedan expresadas cosas que habrían sucedido, situaciones por las que me vería beneficiado, aspectos patrimoniales que no tendrían respaldo y demás datos que parecen por el momento propios de un relato periodístico”, señala el documento.
“La descripción que se me ha realizado impide precisar cuál es el hecho ilícito imputado por el cual debería responder”, añade el texto de los abogados Daniel Rubinovich y Rafael Sal Lari.
También se argumenta que la información de la UIF no podría ser usada porque está basada en datos de inteligencia y que la entidad habría reconocido que no siguió los canales institucionales correspondientes, es decir, pedir los exhortos a Suiza y Panamá. Los abogados incluso pidieron en los escritos que todo lo planteado en el llamado a indagatoria debe ser comprobado por canales legítimos.
A pesar de negar la existencia del delito, Martín dijo que las decisiones que se toman sobre los bienes y las empresas las hace su padre.
Leandro alegó que no hay constancia de que él lavó dinero y agregó que la citación parece responder más a una presión mediática y un claro “direccionamiento” del caso contra él y su familia.
Melina, en tanto, afirmó que ella nunca tuvo cuentas en el exterior y tampoco participación en Austral Construcciones, la empresa de su padre que fue beneficiada con millonarias obras públicas durante los gobiernos de Néstor Kirchner y su esposa, Cristina Fernández (12 en total), ni en las demás que están bajo investigación.
De acuerdo con la información de la UIF, citada por el juez, los hijos de Báez son titulares de las sociedades radicadas en Panamá, o beneficiarios finales de estas, y habrían realizado “operaciones transnacionales que carecerían de justificación económica o financiera y que además no tendrían ningún respaldo patrimonial”.
Las empresas son Teegan Inc., cuyo titular sería Martín Báez; la Fundación Kinsky, cuyos beneficiarios finales serían los hijos de Báez; y Tyndall Limited, cuyos directores y beneficiarios finales serían Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín. Chueco es el abogado y representante legal de Helvetic Services Group, que compró la financiera conocida como La Rosadita, clave en el movimiento del dinero ilícito; y Pérez Gadín, el contador de Lázaro Báez.
(Basando en información de Clarín y La Nación)