La Fiscalía Tercera Anticorrupción (hoy Fiscalía Anticorrupción de Descarga) ordenó la indagatoria a Marco Albán, exgerente de la empresa Hidalgo & Hidalgo, y a Emilio Kieswetter, exministro de Desarrollo Agropecuario, después de que venciera el término de la investigación. Ese fue uno de los argumentos que sustentó José Hoo Justiniani, magistrado suplente del Segundo Tribunal de Justicia, para librar de culpas a Albán y a Kieswetter, en la pesquisa que seguía la fiscalía por supuestas irregularidades en el proyecto riego de Tonosí.
Hoo Justiniani también fundamentó su fallo en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que tuvo como ponente a la magistrada Ángela Russo, y que liberó de cargos al exministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, y al exviceministro de esa cartera Alejandro Garuz, por el caso de los radares. Russo calificó de “arbitrarias y violatorias” de las garantías fundamentales las acciones del Ministerio Público en ese caso por haberse excedido en el término de la investigación. Russo alegó que una vez venció la prórroga “la fiscalía no suspendió sus actuaciones y, por el contrario, siguió disponiendo de una serie de diligencias, entre ellas, la detención preventiva.”
El fallo de Hoo Justiniani también señala que el Ministerio Público “violó abiertamente” normas del Código Judicial y la Constitución al exceder el término de la investigación.
Del caso
En el fallo, el magistrado hizo un repaso de los tiempos del proceso. Recordó que la Fiscalía Anticorrupción de Descarga inició la investigación el 22 de agosto de 2014, y que esta debió terminar el 27 de enero de 2015.
Refiere que el 22 de diciembre de 2014 la fiscalía solicitó una prórroga, que fue concedida el 13 de marzo de 2015 por un lapso de dos meses, por lo que la fiscalía tenía hasta el 13 de mayo de 2015 para concluir sus pesquisas y enviar la vista fiscal. Advierte que, a pesar de ello, ordenó la indagatoria y arresto de Albán el 29 de mayo de 2015; y la indagatoria y arresto de Kieswetter el 20 y 22 de junio de 2015.
“Evidentemente, las indagatorias a ambos [investigados] fueron efectuadas después de los dos meses otorgados por el juzgado. Esto vulnera las garantías establecidas en la Constitución. (...)”, apuntó.
La investigación
El 5 de agosto de 2016 la entonces fiscal tercera anticorrupción Zuleyka Moore pidió el llamamiento a juicio de 33 personas por presunto peculado. Moore investigó el desembolso de $31 millones que dio el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) a Hidalgo & Hidalgo para el proyecto de riego de Tonosí antes de que este se gestara.
Por este caso, la fiscal Moore investigó –entre otros– a los extitulares del MIDA Óscar Osorio y Emilio Kieswetter; al exvicepresidente de la República Felipe Pipo Virzi; al político de Cambio Democrático Porfirio Bolita Ellis, y a los directivos de Hidalgo &Hidalgo Marco Albán, Víctor Ríos y Juan Francisco Hurtado.
Mientras, Hidalgo & Hidalgo presentó ante la Sala Tercera Contencioso Administrativa de la Corte un recurso para que se pronunciara respecto a la negativa del MIDA de cancelar el contrato DAL-003-2012, adjudicado el 12 de marzo de 2012 para la realización del proyecto. Pese a que la Corte le dio la razón a la empresa, el MIDA aún no se pronuncia. El contrato fue cancelado en 2015, luego de que una auditoría de la Contraloría revelara que la empresa usó los $31 millones para actividades distintas al proyecto.