El magistrado suplente del Segundo Tribunal de Justicia, José Hoo Justiniani, en la última semana ha sido protagonista de decisiones controversiales en casos de alto perfil. A través de sus decisiones dejó sin efecto actuaciones del Ministerio Público (MP) en las que se señala a empresarios y exfuncionarios por supuestos actos de corrupción.
El fallo más reciente fue en el proceso por posibles irregularidades en el contrato para el fallido proyecto Riego de Tonosí, adjudicado en 2012 durante el gobierno de Ricardo Martinelli por $155 millones.
Hoo Justiniani anuló la imputación de cargos de la Fiscalía Anticorrupción contra Marco Albán, directivo de la empresa Hidalgo & Hidalgo, a la que se le había adjudicado la obra. Según el MP, el Estado había pagado un anticipo de $31 millones o el 20% del total.
En el mismo dictamen, Hoo Justiniani también favoreció al exministro de Desarrollo Agropecuario Emilio Kieswetter.
Albán y Kieswetter eran procesados por la presunta comisión de delitos contra la administración pública.
Esta semana, este medio también reportó una decisión del 19 de junio, en la que Hoo Justiniani, actuando como magistrado ponente, revocó la imputación de cargos al empresario Gabriel Gaby Btesh en un proceso por presuntas irregularidades en el contrato para la administración de los estacionamientos en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, adjudicado durante el periodo presidencial 2009-2014.
Indicó en la resolución que no se justifica que la Fiscalía Anticorrupción en un solo día hiciera múltiples diligencias: imputación, detención y alerta internacional por una supuesta lesión patrimonial al Estado, y -según el magistrado- sin darle oportunidad a Btesh de ser escuchado, o, “por lo menos”, notificar a su abogado.
En mayo de este año, Hoo Justiniani confirmó la decisión del Juzgado Decimoquinto de decretar la nulidad de las órdenes de indagatorias y aplicación de medidas cautelares impuestas a Juan Carlos Marciaga, Adolfo Chichi De Obarrio y Abraham Williams en el caso conocido como Piso y Techo, en perjuicio del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Según informes de la Contraloría, en este programa hubo un perjuicio económico para el Estado de $1.5 millones entre 2012 y 2014.
Hoo Justiniani también ha actuado como magistrado suplente en la fianzas de excarcelación concedidas en abril de 2017 a Ramón Fonseca Mora y Jürguen Mossack, fundadores del extinto bufete de abogados Mossack Fonseca.
El magistrado señaló en el fallo que, a pesar de que la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada les formuló cargos por presunto blanqueo de capitales, en las pesquisas de Brasil por el caso Lava Jato ninguno aparece vinculado.
Otro de los casos en el que ha intervenido Hoo Justiniani es el de Cobranzas del Istmo, S.A. (CISA). Anuló un fallo del Juzgado Primero, que devolvía cuentas bancarias por $35 millones y vehículos de lujo a Cristóbal Tobín Salerno, accionista mayoritario de CISA, empresa que en el gobierno (2009-2014) tenía el monopolio para cobrar la cartera morosa del Estado.
Salerno fue condenado a 48 meses de prisión por peculado, pero la medida fue remplazada por 500 días multa a razón de $600 por día. El exdirector de la Dirección General de Ingresos, Luis Cucalón, también fue condenado a ocho años de cárcel en este caso.