Jovair Arantes, relator de la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados de Brasil, dirá hoy si ve razones para iniciar un juicio de destitución a la presidenta Dilma Rousseff antes de que su parecer sea votado el lunes 11 por ese cuerpo legislativo y transmitido a la Cámara.
El dictamen no vinculante que se apruebe el 11 será publicado al día siguiente y 48 horas después estaría en condiciones de ser votado por el pleno de la Cámara de 513 diputados.
Entre tanto, el presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, dijo que apelará la orden del Supremo Tribunal Federal de abrir un proceso contra el vicepresidente Michel Temer, cuyo partido se distanció de Rousseff.
La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, aplazó una esperada reforma ministerial para asegurarse el respaldo de dudosos aliados en contra del juicio político, que hoy miércoles entrará en una fase decisiva con la presentación de un informe que dirá si hay eventuales motivos para destituirla.
El diputado Jovair Arantes informará de su parecer esta tarde ante la comisión de 65 parlamentarios que analiza el proceso, y que lo votará el 11 de abril. Según medios de prensa, será favorable a la destitución de la mandataria.
Por su parte, en un nuevo frente de esta crisis sin fin, un juez de la corte suprema de Brasil ordenó instalar una comisión de juicio político también para el vicepresidente Michel Temer, similar a la que podría costarle el cargo a Rousseff.
El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, informó entre tanto que apelará la orden del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil contra el vicepresidente
Temer, junto a su partido, el centrista PMDB, salió de la coalición de gobierno y se unió a la cruzada por la destitución de la mandataria, que le permitiría acceder al poder hasta el final del mandato en 2018.
Rousseff viene reconfigurando su gobierno con la ayuda de su antecesor Luiz Inácio Lula Da Silva, que aún espera por una decisión de la justicia sobre su nombramiento como jefe de gabinete, bloqueado bajo sospecha de que se trate de una forma de huir de una investigación por corrupción.
La mandataria ofrece cargos a otros partidos a cambio de los votos que impidan la aprobación del proceso de destitución en la Cámara.
Pero, con cautela, dijo que “no pretende realizar ninguna reestructuración ministerial antes de cualquier proceso de votación en la Cámara”.
“No tocaremos nada ahora”, aseguró.
Esa decisión se debería al “miedo a las traiciones” en el momento en que cada diputado se pronuncie, hacia mediados de mes, sobre la conveniencia de abrir un juicio político a la mandataria.
El dictamen no vinculante que se apruebe el 11 de abril por la comisión del juicio político será publicado al día siguiente y 48 horas después (a partir del viernes 15) estaría en condiciones de ser votado por el pleno de la Cámara de 513 diputados.
Allí debería obtener el respaldo de 342 legisladores (dos tercios de los escaños) para avanzar al Senado. De lo contrario, el caso será archivado.