Hoy por hoy

La iniciativa de los diputados independientes para extender a otros funcionarios la obligación de presentar la declaración jurada de bienes patrimoniales, no solo es un clamor que han sabido cristalizar en un anteproyecto de ley, sino que se hace necesaria. La creciente ola de denuncias de enriquecimiento injustificado de numerosos servidores públicos es tan alarmante como escandalosa. Los ejemplos ya no son una excepción; son la regla, con el agravante de un Órgano Judicial genuflexo, apartado por completo de su deber de impartir justicia, convirtiéndose en cómplice de actos dolosos. Por ello se hace necesario contar con mecanismos que propicien una mayor transparencia, a fin de que todos los ciudadanos nos demos cuenta quiénes acceden a estos puestos a meter mano del dinero de nuestros impuestos y quiénes mantiene sus manos limpias. Y para que estos mecanismos tengan eficacia, el anteproyecto debe especificar que estas declaraciones sean de carácter público y divulgadas en los sitios en internet de las instituciones donde laboran los funcionarios con esa obligación. Después de lo ocurrido con las pretendidas reformas al reglamento interno de la Asamblea, esperemos que los diputados cumplan su promesa de ser agentes de cambio, al menos, en este tema.