El mensaje del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma, por sus siglas en inglés) fue claro: la extracción mundial de materias primas de la tierra se triplicó en los últimos 40 años, y agudiza el cambio climático.
Un informe de ese organismo internacional plantea que la cantidad de materias primas extraídas de la tierra: combustibles, metales, minerales, entre otros, pasó de 22 mil millones de toneladas en 1970 a 70 mil millones de toneladas en 2010.
Los países más ricos consumen en promedio 10 veces más materiales que los países más pobres y dos veces más que el promedio mundial. Si el mundo continúa proporcionando vivienda, movilidad, alimentación, energía y agua de la misma manera que en la actualidad, para 2050 los 9 mil millones de personas del planeta necesitarán 180 mil millones de toneladas de materiales cada año para satisfacer la demanda.
Esto equivaldría a casi tres veces la cantidad actual y probablemente elevará la “acidificación” y la “eutrofización” de los suelos y aguas en el mundo, aumentará la erosión del suelo y producirá mayores cantidades de residuos y contaminación.
Ambientalistas y empresarios señalan que si bien Panamá es un país cuya economía no se basa en la industria y producción de estas materias primas, sí es un lugar donde se importan grandes cantidades de metales y minerales para actividades de la construcción, y combustibles para que el parque vehicular funcione y también se pongan en marcha otros medios de transporte.
Susana Serracín, miembro del Centro de Incidencia Ambiental, señala que Panamá con políticas no amigables con el ambiente se convierte en “cómplice” de esta depredación ambiental.
Las últimas cifras de Contraloría General de la República sobre importaciones precisan que en 2010 se importaban mil 765 millones de dólares en productos minerales, pero en 2014 ese monto pasó a 2 mil 849 millones de dólares.
En lo que respecta a los metales comunes, el monto pasó de 712 millones en 2010 a mil 351 millones de dólares en 2014. Todas estas materias primas terminaron en proyectos de construcciones del Estado o la empresa privada.
Para el exdirector de Legal de la desaparecida Autoridad Nacional del Ambiente Harley Mitchell, en el caso de Panamá las importaciones en muchos casos no toman en cuenta las políticas ambientales, lo que se debe corregir. “Esta advertencia del Pnuma se debe evaluar como país”, subrayó.
CAMBIO DE CULTURA
Juan Gabriel González, presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), plantea que parte del aumento del consumo en el mundo se debe al crecimiento en los países emergentes, que se han ido incorporando a la economía global.
Sin embargo, dijo que es “importante” enfocarse en el consumo responsable, es decir, adquirir aquellos productos que realmente mejoran nuestra productividad y nuestra calidad de vida.
“Es decir, productos amigables con el ambiente, que hayan tomado en cuenta racionar el agua y la energía durante su producción; que estén libres de sustancias tóxicas, y que incorporen los conceptos de reutilización y reciclaje” , concluyó.
En tanto, Roberto Troncoso, expresidente de Apede, reconoció que los empresarios tienen una gran responsabilidad en este tema y deben replantearse varios de sus modelos económicos.
“Hemos hecho barbaridades, y el excesivo uso de materias primas para construcción o movilización, sin un modelo sostenible, ha llevado al país a un gran desorden urbano, y a afectar al planeta tierra”, dijo.
Por su parte, el secretario de Ministerio de Ambiente, Félix Wing, sostuvo que si bien nuestra economía gira en torno a los servicios y no a la industria, este tema le debe interesar al país, porque el abuso de las materias primas va de la mano con el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el cambio climático.
En tanto, Yamil Sánchez, director de Calidad Ambiental de esa entidad, aportó que como autoridades impulsan un plan de seguridad hídrica para conservar las cuencas, además desarrollan la siembra de un millón de hectáreas para recuperar los suelos, así como reformas a la Ley Forestal, con el fin de evitar cualquier explotación excesiva que no permita el uso sostenible de las materias primas.