Los diputados de la Asamblea Nacional mantienen engavetada una iniciativa ciudadana en la que se propone derogar el blindaje a los miembros del Órgano Legislativo que mantienen denuncias por delitos penales ante la Corte Suprema de Justicia.
El denominado blindaje fue creado con la Ley 55 de 2012 impulsada por el entonces diputado de Cambio Democrático (CD), Hernán Delgado, y la cual fue sancionada y promulgada por el expresidente de la República, Ricardo Martinelli.
Con esta ley, que modificó artículos del Código Procesal Penal, se estableció un procedimiento especial de investigación para los diputados que revivió el requisito de la prueba sumaria para admitir un proceso en su contra y se fijó un período de dos meses para que la Corte Suprema de Justicia concluya las investigaciones a los diputados, o de lo contrario se extingue la acción penal.
El anteproyecto 86 con el cual se pide derogar esta ley fue presentado en la Asamblea el pasado 28 de agosto por la presidenta del Movimiento de Abogados Gremialistas (MAG), Edna Ramos, pero el mismo ni siquiera ha sido prohijado.
Preocupación
La abogada Ramos expresó su preocupación por no haberse discutido este proyecto y advirtió que la acción penal en las denuncias presentadas contra diputados y las que surjan por el manejo irregular de las partidas circuitales entregadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el gobierno anterior, podrían extinguirse, librando así a los denunciados.
“Hay una suma importante de más de mil millones de dólares en partidas que el MEF dispuso a diputados, algunos de los cuales están en funciones y estos deben ser investigados”, expresó.
Consideró que con los dos meses establecidos para la investigación, en la ley de “blindaje” sería logísticamente imposible ejecutar una investigación con las auditorías que se exigen para este tipo de delitos.
