En los tres distritos judiciales en los que ya ha funcionado el sistema penal acusatorio (SPA) se ha confirmado la agilidad y la reducción de las detenciones preventivas en las cárceles del país, según cifras del Órgano Judicial.
En el Segundo Distrito Judicial (Veraguas y Coclé), en el que el SPA se inició en 2011, de 3 mil 866 medidas cautelares dictadas, solo el 27% respondía a detención preventiva.
En el Tercer Distrito Judicial, que comprende Chiriquí, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé, de un total de 622 medidas cautelares, solo un 28% es de detención preventiva. El SPA se implementó desde septiembre de 2015 en ese distrito judicial.
Mientras que en el Cuarto Distrito Judicial -Herrera y Los Santos-, de un total de mil 618 medidas cautelares, la detención preventiva representaba el 21% de estas. Aquí el sistema empezó a regir desde septiembre de 2015.
Al hacerse una comparación de estas cifras en los tres distritos judiciales con relación al año anterior en que regía el sistema inquisitivo, se destaca una disminución en la proporción de detenidos preventivos del 62.6% en el Segundo Distrito Judicial; el 9.3% en el Tercer Distrito Judicial y de 45.5% en el Cuarto, según el informe del Órgano Judicial.
En tanto, el tiempo promedio de resolución desde que el juzgado conoce el caso hasta que se dicta una sentencia o resolución de primera instancia registró una disminución en los anteriores distritos en los que ya funcionaba el SPA.
En el Segundo Distrito, el tiempo promedio de tramitación de la decisión de primera instancia era de alrededor de 278 días, disminuyendo -5 años después de la reforma penal- a 82 días.
El tiempo promedio de tramitación de la decisión de primera instancia en el Tercer Distrito Judicial antes de la implementación era alrededor de 422 días, disminuyendo a pocos meses de cumplir el año en 18 días. Para el Cuarto Distrito Judicial el tiempo promedio de tramitación de la decisión de primera instancia antes de la implementación estaba en cerca de 170 días, disminuyendo a 86 días 4 años después del cambio.
Globalmente, registraron una disminución de 79% en los tiempos de respuestas del sistema penal acusatorio.