Un kit de extracción y análisis de video donó Canadá al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), como parte de un convenio de cooperación que implementa el gobierno del país norteamericano desde hace tres años.
Con dicho kit –el cuarto donado desde 2015, cada uno valorado en unos $19 mil–, el Imelcf tiene la capacidad de mejorar imágenes de video a través de la aplicación de filtros, sincronización de cámaras y comparación de imágenes. Asimismo, los equipos permiten verificar la autenticidad de los videos, aspecto clave para que el material sea aceptado como evidencia en el proceso judicial.
La donación forma parte del programa “Fortalecimiento de las capacidades contra el crimen en Panamá”, cuya implementación fue posible gracias a un aporte del Gobierno canadiense de, al menos, $2.2 millones. Solo en la adquisición de los cuatro kits y la capacitación del personal forense que los utiliza se invirtieron aproximadamente $175 mil.
A través de este programa, Canadá apoya a países de Latinoamérica y el Caribe a combatir el tráfico de drogas, lavado de dinero, trata de personas y otras actividades de la delincuencia organizada trasnacional. Participan el Ministerio Público, Órgano Judicial, Policía Nacional y el Imelcf.
Carlos Morán, director en Panamá de la oenegé canadiense Justice Education Society –que desarrolla el programa–, precisó que el propósito es “fortalecer la capacidad de los componentes del sistema penal”, para ayudarlos en la transición al sistema penal acusatorio a través de capacitaciones en técnicas de investigación, protección de las escenas de los crímenes, entrevistas a testigos, preparación de casos y oralidad.
“No venimos a Panamá a decirle: ‘así tienes que hacer las cosas’. Hemos identificado necesidades básicas y a través de técnicas de colaboración ayudamos a las autoridades locales a satisfacerlas”, precisó el director internacional del programa, Ian Morrison.
Morán precisó que entre esas necesidades básicas identificadas figuran, por ejemplo, mejorar la comunicación interinstitucional y las estrategias de litigación en los juicios orales.
Dijo que la respuesta de los actores panameños ha sido excelente, sobre todo porque la idea es que el personal capacitado se convierta en multiplicador de las técnicas.
Desde la puesta en marcha del programa en 2015, la oenegé ha capacitado a cerca de 440 funcionarios anualmente y espera aumentar esa cifra hasta 2021, cuando se prevé culmine la instrucción. Inicialmente, los seminarios fueron impartidos en Chiriquí y en las provincias centrales, donde ya regía el nuevo modelo penal, y actualmente se centran en la región capital y Colón.
Para los funcionarios panameños ha sido fructífero cruzar información con sus pares en Guatemala, Honduras y El Salvador, donde también se desarrolla el programa, dijo Morán.
Por su parte, la embajadora de Canadá en Panamá, Lilly Nicholls, destacó que gran parte de los funcionarios capacitados son mujeres, quienes, dijo, han asumido un rol de liderazgo en las entidades encargadas de impartir justicia.
“En Panamá ocurren cosas malas, pero también se hacen cosas buenas, se progresa y crean capacidades”, dijo, finalmente, la embajadora Nicholls.