El proyecto de ley que busca establecer un impuesto de 8% al consumo de bebidas azucaradas - presentado en la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional en septiembre de 2017- es objeto de discusión por diversos sectores.
La iniciativa No. 570, propuesta por el diputado del Partido Revolucionario Democrático, Javier Ortega, y la diputada de Cambio Democrático y presidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel Ábrego, plantea que los fondos recaudados por el gravamen serán destinados al Instituto Oncológico Nacional (ION) y al Ministerio de Salud (Minsa), en una relación de 75% y 25%, respectivamente.
En la exposición de motivos de la propuesta se plantea que la ley busca contribuir con la atención de enfermedades que están asociadas al consumo de azúcar, entre ellas, el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión y el cáncer.
Esos argumentos están respaldados por cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República que indican que en 2016 murieron mil 217 personas de entre menos de un año de nacidos y 24 años de edad, por diabetes; mientras que las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas causaron mil 545 defunciones; la hipertensión, 955, y los tumores malignos, 2 mil 980, por mencionar algunos males.
Análisis
El proyecto es analizado en una subcomisión en la que participan representantes de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, el Sindicato de Industriales, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y la Asociación de Nutrición, entre otros, con la finalidad de lograr un consenso.
Así lo informó el diputado Javier Ortega, quien dijo que esperan que luego del receso legislativo se logre un acuerdo sobre el tema.
Ortega informó que en la subcomisión -presidida por María Delgado- se han efectuado dos reuniones en las que los empresarios e industriales han mostrado su inquietud por las repercusiones que puede tener en la generación de empleos la creación de un impuesto.
No obstante, enfatizó que el proyecto no pretende afectar al sector productivo, sino ayudar a las entidades que trabajan en la atención de las enfermedades ligadas a la ingesta de azúcar.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, que no avala el impuesto, planteó que, junto con otros organismos de la industria y autoridades del Gobierno, están sumando esfuerzos para desarrollar un Plan Estratégico Nacional de Salud que incluya la formación de hábitos de vida saludable y programas integrales de educación escolar de carácter general.
La organización sostiene que la educación es el vehículo correcto para lograr los cambios necesarios en la sociedad y que ningún movimiento impositivo, como el que se propone en estos momentos a las bebidas azucaradas, logrará el cambio deseado en la sociedad.
Consultado, el Sindicato de Industriales de Panamá -mediante un cuestionario- informó que se opone a cualquier medida impositiva que afecte al consumidor y a la economía.
Sin embargo, el gremio dijo estar consciente de que el problema de las enfermedades no transmisibles va en aumento, por lo que se debe trabajar en sinergia entre todas las partes.
Puntos de vista
Con respecto al tema, el viceministro de Salud, Eric Ulloa, coincide con los empresarios. Expresó que el camino para lograr reducir el consumo de azúcar en los jóvenes es la educación.
Además, afirmó que no es el momento oportuno para discutir la aplicación de impuestos en las bebidas azucaradas (gaseosas o carbonatadas, jugos de frutas procesados o envasados no naturales y bebidas energéticas).
Desde el Ministerio de Educación se indicó que, como entidad que forma parte de la Comisión Nacional de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, su posición es que el proyecto sea aprobado, debido a que la evidencia científica demuestra que el consumo de azúcares contribuye al sobrepeso y la obesidad, siendo está última una enfermedad que afecta al 50% de la población panameña adulta y a más del 30% de los niños panameños.
Añadió que en el país hay evidencia de que el impuesto fijado al precio del cigarrillo redujo su consumo, y existen experiencias de otros países que muestran que los impuestos a las bebidas redujeron su consumo.
Entre los países que han establecido gravamen a las bebidas están Noruega, Chile, México, Barbados y Sudáfrica.
Un paquete de la OMS
El impuesto a las bebidas azucaradas es una herramienta más del paquete completo sugerido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para frenar el consumo de alimentos procesados que producen enfermedades no transmisibles como diabetes, hipertensión, cáncer y obesidad, entre otros. La prohibición de sodas en quioscos escolares, el nuevo sistema de etiquetado de advertencia y la regulación de la publicidad a niños son parte del resto del paquete.El problema con el proyecto de ley en discusión es que no tiene pies ni cabeza.
Nadie con sano juicio quisiera una tasa impositiva de 8%, como si fuera un impuesto más a la venta. Lo que deben hacer los diputados es lo mismo que se ha hecho en la mayoría de los países y ciudades donde ya se han creado estos impuestos y están trabajando. Y es establecer un impuesto de 1% por onza de bebida azucarada. Eso atacaría de frente el problema porque sería un impuesto dirigido a castigar los productos que tienen más azúcar y no con base en el precio. Igualmente, deben especificar que el impuesto no es solo para el azúcar granulada, sino también para el jarabe de maíz alto en fructosa y demás endulzantes usados por la industria. Así sí se frenaría el consumo de sodas en 10% el primer año, y en 15%-20% los años siguientes. Y eso sí ayudaría a reducir las tasas de diabetes y los niveles de obesidad.
Por otro lado, existe otro problema con el proyecto, y es que el dinero recaudado sería utilizado para el Oncológico. ¡Craso error! El país necesita campañas de orientación y educación para enseñar a la población a comer mejor, vivir más saludable, hacer más ejercicios, etc. Ese dinero en el Oncológico desaparecería como la luz en un hoyo negro. Es decir, tal como está concebido el proyecto, me opongo rotundamente. El país no necesita un gravamen más, necesita una herramienta impositiva que rinda el fruto específico que buscamos.