En estos días que corren, cuando es muy difícil encontrar razones para confiar en la justicia panameña, hay que reconocerle a la Corte Suprema de Justicia un significativo acierto. La muy oportuna declaración de inconstitucionalidad de la frase en el Código Electoral que exceptuaba a quienes ejercen cargos de elección popular de abstenerse a participar en inauguraciones de obras y actividades financiadas con fondos públicos, es importante para la búsqueda de elecciones más equitativas.
En Panamá no estamos acostumbrados a que el Órgano Judicial, más allá del papel de árbitro, incida en el proceso de formulación de políticas públicas practicando el rol de representación indirecta a través de la revisión del espíritu de las leyes. Esta vez esa representación se ejerció a favor de los actores perjudicados por la inequidad electoral.
En sus informes sobre las elecciones de 2009 y 2014, la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA) identificó que la inequidad en la competencia es el principal problema de las elecciones panameñas. Entre otras, identificaron dos claras fuentes de esa inequidad: la inexistencia de límites y controles a las donaciones privadas y la visible injerencia del poder ejecutivo en la campaña electoral, a través de múltiples formas, que incluyeron el aprovechamiento de obras realizadas por el Gobierno. De allí que la MOE/OEA recomendara “regular el financiamiento de campañas políticas, incluyendo el uso de recursos públicos y privados, y la injerencia del poder ejecutivo”.
La Comisión Nacional de Reformas Electorales acogió la recomendación y fue en la Asamblea Nacional donde se añadió la excepción para quienes ejercen cargos públicos elegidos popularmente.
Las dudas sobre el alcance de la norma, que apuntan principalmente al exceso que podría ser la prohibición de que a un cargo electo se le impida participar en todas las actividades financiadas con fondos públicos aunque no tengan un carácter proselitista, son razonables. Sin embargo, ese posible exceso es un mal menor que podrá ser corregido en la próxima ola de reformas electorales. Dejar la ventana abierta al uso de fondos públicos para proselitismo arriesgaría la integridad de las elecciones y debilitaría la legitimidad de los eventuales ganadores postulados por los partidos de gobierno.
Las nuevas normas implican un enorme cambio cultural que está siendo doloroso. Seguirán cayendo demandas, lamentos e intentos de incumplirlas, pero al final, si la sociedad panameña resiste sus propios impulsos pro statu quo, el saldo será positivo. Incluso, quienes ahora se quejan agradecerán eventualmente las nuevas normas. En este caso aplica la premisa que dice que, cuando se gobierna, hay que legislar pensando en cuando se estará en oposición.
El autor es politólogo