La Fiscalía Quinta Anticorrupción ordenó tomar declaración indagatoria a 35 personas acusadas de integrar una supuesta red de corrupción en la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA), que según el Ministerio Público introducía mercancías en el país, eludiendo los controles de dicha entidad en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.
La mayoría de los investigados laboraba en la ANA hasta hace poco. Otros, en cambio, son empresarios radicados en el país.
Una fuente judicial, que pidió la reserva de su nombre, confirmó que la fiscalía comenzó a indagar a varios procesados desde la semana pasada.
Asimismo, la fuente informó que la fiscalía llevó a cabo una inspección ocular en la ANA, en busca de documentos para corroborar o descartar las supuestas actividades dolosas de los exfuncionarios al momento de introducir las mercancías en el país.
La fiscalía también revisó los equipos informáticos y teléfonos usados por los investigados, en procura de información sobre los mecanismos usados para el movimiento de las mercancías.
Además, rastreó las cuentas bancarias de los sospechosos e hizo un inventario de bienes que pudiesen haber sido comprados por estos con dinero de la red.
La investigación se inició a raíz de una operación encubierta efectuada por la Fiscalía Auxiliar, tras recibir informes sobre funcionarios que alteraban los registros de las mercancías que llegaban a recintos aduaneros.
Comenzó en diciembre de 2015 y se prolongó durante cuatro meses, período en el que el Ministerio Público solicitó a la Corte Suprema de Justicia autorización para intervenir los teléfonos y seguir a los presuntos implicados.
En los operativos –el 4 de abril pasado– fueron detenidas 28 personas que en ese momento laboraban en la ANA, así como 7 particulares, en su mayoría empresarios dedicados a la importación y venta de productos.
Después de que se descubrieron las operaciones de la red, la ANA reforzó los sistemas de seguridad en el aeropuerto de Tocumen.
En menos de un año, este es el segundo grupo de funcionarios investigados por presuntas actividades ilícitas en el ejercicio de sus funciones. En noviembre de 2015, la Fiscalía Auxiliar arrestó a 13 funcionarios del Órgano Judicial acusados de cobrar coimas para acelerar procesos judiciales y seleccionar jurados de conciencia que favorecieran a imputados.
En abril pasado, el Departamento de Estado de Estados Unidos divulgó un informe sobre los sistemas de justicia y seguridad de los países de la región, y en el caso de Panamá concluyó que la corrupción sigue siendo un problema para estos.