Un juez argentino citó a indagatoria a 18 militares argentinos acusados de torturar a soldados compatriotas en el marco de la guerra de Malvinas contra Reino Unido durante la dictadura (1976-1983), informó ayer sábado la prensa de Buenos Aires.
Así lo decidió el juez federal subrogante Federico Calvete, de la ciudad de Ushuaia, al extremo sur, capital de la provincia argentina que incluye al archipiélago austral en su territorio.
El fiscal de la causa, Marcelo Rapoport, había pedido en mayo pasado la detención e indagatoria de 25 militares, pero el juez solo aceptó citar a declaración a 18 de ellos, sin fecha aún y sin incluir orden de arresto.
La causa se inició en 2007 y recibió un fuerte impulso con la desclasificación en abril de 2015 de archivos de las fuerzas armadas vinculados a la guerra. Acumula denuncias de 120 soldados que nombraron a 95 uniformados.
Pero al pedir la indagatoria, la fiscalía se circunscribió a 22 hechos de torturas ocurridos en la isla Gran Malvina (West Falkland), en el ámbito de la Fuerza de Tareas Yapeyú.
El fiscal acusó a los militares con asiento en las islas de “ordenar y ejecutar contra soldados conscriptos diversos actos de tortura, como forma de controlar supuestas indisciplinas que generaban las penurias que padecía la tropa a causa de la falta de abrigo y comida”.
Las formas de tortura más habituales a las que eran sometidos los soldados, según sus numerosos testimonios de excombatientes, eran los “estaqueamientos” (atar a la víctima por horas estirándola entre cuatro estacas clavadas en el suelo) en medio de las gélidas temperaturas invernales, y “enterramientos” en la nieve.
“Noticias de este tipo son las que alimentan la esperanza de consagrar la verdad y la justicia y ver, efectivamente, condenados a los artífices del horror”, manifestó Ernesto Alonso, del Centro de Excombatientes de Malvinas de la ciudad de La Plata, que impulsó la querella.
La justicia argentina debe determinar si estos hechos se encuadran en delitos de lesa humanidad, es decir, no prescriptibles.