Una denuncia penal por delitos de lesa humanidad fue presentada, el pasado miércoles, en el Ministerio Público contra el presidente Ricardo Martinelli y miembros de su Gabinete, por la muerte de cinco indígenas ngäbe buglés durante los incidentes registrados los días 7 y 11 julio de 2010 en la provincia de Bocas del Toro, en rechazo a la Ley 30.
Silvio Quiñones, representante legal de los indígenas, aseguró que la denuncia se presentó luego de dos años de recabar pruebas y testimonios de personas afectadas por la represión de la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y el Servicio de Protección Institucional (SPI), quienes utilizaron fuerza excesiva y letal contra personas desarmadas.
Según la acción legal, los integrantes del Consejo de Gabinete actuaron de forma concertada y dieron órdenes a la Fuerza Pública (FP) para atentar contra los manifestantes.
Quiñones sostiene que los miembros de la policía, del SPI y del Senan utilizaron fusiles AK-47 y M-16 para disparar contra los grupos indígenas.
En el escrito se establece que la FP utilizó métodos contra la población civil que son prohibidos por la legislación nacional y por convenios internacionales.
Explicó que entre las pruebas aportadas hay vistas fotográficas en donde se observa a Virgilio Castillo, una de las víctimas, cuando tras ser herido es arrestado por miembros de la policía y posteriormente fallece.
También enumeró a otras víctimas como: Jerónimo Rodríguez Tugry, Mauricio Iván Méndez, Alexis Abdiel Araúz y Virgilio Guerra, quienes fallecieron por acciones directas de agentes de la FP.
Reveló que la denuncia también será presentada en la Corte Internacional Penal.
Se intentó contactar al vocero presidencial, Eduardo Camacho, pero al cierre de esta edición no había respondido.