Las transferencias monetarias que efectúa el Gobierno para beneficiar a la población más vulnerable no están llegando de la forma más eficiente a quienes sí las necesitan.
Así lo plantea un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que además detalla que existe una cobertura insuficiente de las transferencias económicas condicionadas y de las pensiones no contributivas entre los pobres, al tiempo que se registra una filtración elevada hacia los no pobres en todos los países de América Latina y el Caribe.
En Panamá, la situación se evidencia de forma directa a través del programa 120 a los 65, en el que a pesar de tener una cobertura de 56.6% de la población en pobreza extrema, se registra una distribución del beneficio a 52.2% de personas que no son pobres.