Jóvenes de Generación Movin, Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad Santa María la Antigua y Generación Sin Límites acudieron ayer a la oficina de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional para presentar una iniciativa que procura evitar la prescripción de los delitos contra la administración pública que se cometan en el país.
La propuesta plantea modificar el artículo 116 del Código Procesal Penal que establece plazos de prescripción de la acción penal para los delitos contra la administración pública. En ese sentido, propone que “la acción penal tampoco prescribirá cuando se trate de alguno de los delitos de diferentes formas de peculado, corrupción de servidores públicos, enriquecimiento injustificado, concusión y exacción, tráfico de influencias, abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos, fraude en los actos de contratación pública del Título X del Código Penal”.
De aprobarse, se eliminaría el parágrafo 3 del artículo 116 del Código Procesal Penal que establece que: “Al vencimiento del plazo igual al doble del máximo previsto en la ley para los delitos de peculado, enriquecimiento injustificado y delitos patrimoniales contra cualquier entidad pública”.
Por ejemplo, en la actualidad el delito de enriquecimiento injustificado es sancionado con penas de hasta seis años de prisión, la prescripción se aplica a partir de los 12 años.
En tanto, el delito de peculado es sancionado con penas máximas de 10 y 15 años, esta última en el caso de que el delito sea agravado la prescripción corre a partir de los 20 y 30 años, respectivamente.
DEMORA
No obstante, los jóvenes de las organizaciones antes mencionadas argumentan en la exposición de motivos de la iniciativa, que la investigación de los casos de corrupción, a menudo, en Panamá encuentran obstáculos, debido a que las personas involucradas logran “infectar las diferentes instituciones”, lo que hace de la persecución de los corruptos una tarea que puede tomar varios años.
El documento señala que en Panamá existen numerosos ejemplos de funcionarios que han evadido la justicia, garantizándose así la impunidad e incentivando esa mala práctica.
Por ello, piden que Panamá se eleve a países como Perú, Puerto Rico, Venezuela, Bolivia y Ecuador que han incluido en su legislación la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, quienes basaron su decisión en que los efectos de abusar de los bienes públicos se equiparan con el impacto de los delitos de lesa humanidad.
“Panamá debe elevarse a estas nuevas exigencias en el tema del combate a la corrupción”, acota.
REFORMAS
En 2013, a través de la Ley 35, la administración de Ricardo Martinelli redujo a la mitad los plazos de prescripción de la acción penal en los delitos de peculado, enriquecimiento injustificado y patrimoniales contra cualquier entidad pública.
Pero, en 2015, tras una iniciativa de la diputada independiente Ana Matilde Gómez que fue aprobada en la Asamblea Nacional y más tarde sancionada por el Ejecutivo como Ley 57, se restablecieron los plazos de la prescripción.
Los jóvenes que fueron recibidos por la directora de la oficina de Participación, Astrid Álvarez, esperan que la iniciativa sea acogida por alguno de los 71 diputados que conforman el legislativo y sea prohijada y debatida.