Antes de deportarlo con grilletes la semana pasada, los agentes de inmigración de Estados Unidos entregaron al hondureño solicitante de asilo Melvin García sus pocas pertenencias y una pequeña billetera azul que pertenecía a Daylin, la hija de 12 años de edad que le habían quitado.
Inseguro sobre cuándo volvería a verla, luego de que se le prohibiera la entrada a Estados Unidos por su orden de deportación, García, de 37 años, es uno de un número no determinado de padres enviados a casa sin sus hijos bajo la iniciativa del gobierno del presidente Donald Trump.
Frustrado porque inmigrantes y solicitantes de asilo de Centroamérica solían ser liberados en su país para esperar audiencias judiciales, Trump implementó en abril una política de “cero tolerancia” para someter a juicio a todos los adultos que crucen ilegalmente la frontera entre México y Estados Unidos, incluyendo los que viajen con niños.
Esto incrementó dramáticamente la cifra de familias separadas en la frontera.
Horas después de volver solo a Honduras el 21 de junio, García se desplomó en una choza de concreto en una sección de la ciudad de Choloma controlada por Barrio 18, una de las dos pandillas cuyas amenazas de muerte, dijo, hicieron que huyera en marzo con Daylin. Torturado con pensamientos de que tal vez no podría volver a ver a Daylin en años, García se aferró a la billetera de la niña. Cada vez que recordaba su búsqueda desesperada mientras estaba detenido en Estados Unidos, rompía a llorar.
El presidente Trump dio marcha atrás la semana pasada y ordenó poner fin a las separaciones familiares.
Pero el Gobierno norteamericano aún tenía 2 mil 47 niños bajo su custodia el martes, dijo el secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, a una comisión del Senado estadounidense, y agregó que reunirlos sería difícil.