Un juez federal buscaría reactivar la denuncia que el fallecido fiscal Alberto Nisman hizo contra la expresidenta Cristina Fernández por el supuesto encubrimiento de los iraníes acusados de ataque a un centro judío en 1994 en Buenos Aires.
Medios argentinos reportaron ayer que el juez Claudio Bonadío solicitó a su colega Daniel Rafecas que le remita el expediente donde está acusada Fernández (2007-2015), luego de que este último magistrado se negó días atrás a reabrir la investigación que él mismo había cerrado en 2015 a pedido de miembros de la comunidad judía argentina.
Gregorio Dalbón, abogado de Fernández, consideró ayer que Bonadío busca “llevarse presa” a la expresidenta sea como sea. “Esto no es tirado de los pelos, es de psiquiátrico lo de Bonadío... Está mendigando la causa para tratar de acusar a Cristina de cualquier cosa”, dijo el abogado a Radio del Plata.
La agencia oficial de noticias Télam señaló que Rafecas decidió entregar el expediente judicial solicitado por Bonadío. En el juzgado no habían respondido a solicitudes de la agencia AP para corroborar tanto la solicitud de Bonadío como la supuesta decisión de Rafecas de entregar el expediente.
Según el diario argentino La Nación, el juez Daniel Rafecas respondió a su colega Claudio Bonadío que la denuncia la enviará a su despacho de manera de consulta para “tenerla a la vista” por el estado procesal del caso AMIA.
El diario también indica que la denuncia, una vez llegue a manos del fiscal Eduardo Taiano por parte del juez Bonadío, se daría paso a la ampliación de la investigación abierta para que se puedan incluir unas supuestas 55 medidas de prueba solicitadas por el fiscal fallecido Alberto Nisman.
Nisman, que investigaba el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) que causó 85 muertos y permanece irresuelto, acusó en 2015 a la entonces presidenta Fernández y al canciller Héctor Timerman de integrar un plan para encubrir a los exfuncionarios y exdiplomáticos iraníes a los que acusó del ataque.
Afirmó que el controvertido memorándum de entendimiento firmado por Argentina e Irán en 2013 para esclarecer el atentado era una pantalla y en realidad buscaba proteger a los iraníes. Irán ha negado siempre cualquier autoría en el ataque y se ha resistido a entregar a los imputados a la justicia del país sudamericano.
Cuatro días después de denunciar a Fernández, Nisman fue hallado muerto en su vivienda de un tiro en la cabeza en misteriosas circunstancias. Distintas instancias judiciales de alzada han desestimado su acusación contra Fernández por entender que carecía de pruebas.
Bonadío pidió ese expediente para ser acumulado al caso que investiga contra Timerman por supuesta traición a la patria, a partir de una denuncia de familiares de las víctimas de la AMIA que se basa en los dichos del excanciller en una charla en 2012 con un dirigente de la comunidad judía en los que defiende la negociación del memorándum con Irán, pese a afirmar que ciudadanos de ese país fueron responsables del atentado.
“Ellos hace 18 años pusieron la bomba... Vos me estás diciendo con quién no negociar; qué vivo (listo) que sos. ¿Con quién querés que negocie entonces?”, le dijo Timerman al entonces titular de la AMIA Guillermo Borger, crítico del memorándum, en una conversación telefónica.
Los querellantes señalan que ese audio es parte de lo que denunció Nisman cuando acusó a la expresidenta de encubrir a los iraníes. Bonadío es el mismo juez que ha procesado a Fernández por supuesta administración fraudulenta en el marco de una causa sobre operaciones con dólar a futuro del Banco Central que fueron realizadas en diciembre de 2015.
Este mismo panorama ya se dio en el año 2015, cuando el juez Claudio Bonadío pidió esta misma denuncia en el marco de un caso de supuesta traición a la patria contra Cristina Fernández de Kirchner, así como otros funcionarios del pasado gobierno que fueron señalados por la firma del memorando del Estado argentino con Irán.
La expresidenta Fernández de Kirchner considera que el magistrado, que también la investiga por supuesto enriquecimiento ilícito, encabeza una persecución en su contra con el beneplácito del actual gobierno del presidente argentino Mauricio Macri.