El vicepresidente Jorge Glas rindió declaración ayer, por casi siete horas, ante la fiscalía, sobre el llamado caso Singue, en el que se ha iniciado una investigación previa por el presunto delito de peculado.
Al salir de la dependencia, Glas afirmó que la investigación del caso Singue es una clara persecución de la Contraloría en su contra.
Se trata de la adjudicación del campo petrolero Singue, en la Amazonía, cuyo posible perjuicio sería de $5.2 millones, informó la fiscalía.
Glas declaró ante la fiscal Diana Salazar hasta las 11:00 a.m.; después continuó la diligencia por el caso Odebrecht, que culminó pasadas las 4:00 p.m., en el que su tío está acusado de presunta asociación ilícita.
En los exteriores de la fiscalía, varios simpatizantes de Glas se dieron cita para respaldarlo, al tiempo que lanzaron consignas en contra del presidente del movimiento Alianza País, el mandatario Lenín Moreno.
También Carlos Pérez Guartambel, junto con miembros de la organización Ecuarunari, permaneció en los exteriores de la fiscalía para pedir que se dicten medidas cautelares contra el vicepresidente Glas, a quien el mandatario dejó sin funciones la semana pasada a propósito de la pesquisa.
La controvertida adjudicación del campo petrolero es la única investigación que se ha iniciado con base en un informe de la Contraloría General del Estado.
El “potencial peculado” del que habló el fiscal Carlos Baca sería de $5.2 millones por la tarifa que paga el Estado por la producción de cada barril de petróleo. La diferencia es de poco más de un dólar por barril, que acumulado en tres años, entre 2013 y 2016, llega a esa millonaria cantidad.
Glas, entonces ministro de Sectores Estratégicos, integró el comité de licitación que recomendó la firma del contrato a favor del consorcio DGC, integrado por Dygoil y Gente Oil Development Ecuador.
El fiscal ha dicho que investiga a 21 personas en este proceso.