La Contraloría General de la República demandó ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el artículo del estatuto universitario que establece la bonificación por retiro a los académicos de la Universidad de Panamá (UP), así como el reciente incremento de este reconocimiento.
La demanda sustenta que el citado artículo del estatuto y el acuerdo que lo modificó es ilegal, porque vulnera la ley de Carrera Administrativa, el Código Civil, y “constituye un acto administrativo que afecta fondos públicos”.
Se expone que según la ley de Carrera Administrativa “la bonificación por antigüedad se calcula tomando en cuenta los años laborados, desde la adquisición del estatus del servidor público de Carrera Administrativa al último sueldo devengado”. Solo la recibirán quienes dejen su puesto por “renuncia, jubilación y la reducción de fuerza”, y bonifica con un máximo de 10 meses por 25 años de labores.
En cambio, el estatuto y sus modificaciones incrementaron la bonificación a 15 meses de remuneración por tener más de 30 años de servicio.
Además, añade razones para bonificarse, como pensión por vejez, fallecimiento, retiro definitivo por incapacidad vitalicia concedida por la Caja de Seguro Social, por finalizar su relación laboral a los 75 años o por cualquier otra causal aprobada por los órganos de gobierno competentes. A su vez, la ley de Carrera Administrativa fija la bonificación con ciertos meses de “salario” según los años de servicio del funcionario, pero en la norma universitaria al considerar la “remuneración” no solo se incluyen los salarios, sino también los gastos de representación, sobretiempo, compensaciones y demás prestaciones. Profesores de la UP denunciaron que el bono, encarecido seis días antes de las elecciones del centro, se hizo para beneficio de las autoridades salientes.
¿Cuánto recibiría el rector Gustavo García de Paredes por su retiro a los 78 años?, según la Secretaría General unos $80 mil, otros calculan que serían $180 mil, considerando su sueldo actual de $12 mil 288 y sus más de 30 años de trabajo.
En tanto, la Defensoría de los Universitarios denunció acusaciones y medidas de represalias por manifestar su desacuerdo en que se bonifique a los funcionarios, considerando su remuneración como autoridad y no como docente.
La Prensa contactó a la Rectoría para obtener su versión al respecto, pero no contestó.