Cuando faltan 10 días para que se cumplan dos años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de magisterio en Iguala, estado Guerrero, en México, Tomás Zerón de Lucio, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y quien condujo las investigaciones que dieron lugar a la llamada “verdad histórica”, presentó su renuncia.
Se va sin que los familiares de las víctimas hayan encontrado justicia, meses después de que estos exigieran su renuncia y de que el Equipo Argentino de Antropología Forense y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en acuerdo con el Estado de México, pusieran en tela de juicio su tesis investigativa, según la cual los jóvenes fueron incinerados en un basurero en el municipio de Cocula, cercano al lugar donde fueron detenidos y desaparecidos, y recomendaran que fuera separado del caso para garantizar una investigación imparcial.
El GIEI aseguró que Zerón tergiversó la realidad al decir que representantes del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas atestiguaron el 28 de octubre de 2014 la visita que realizó, con un detenido clave, al río de San Juan, lugar donde según la versión oficial habrían sido arrojadas en bolsas plásticas las cenizas de los 43 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa.
La ONU se manifestó“extrañada” y se deslindó de las diligencias realizadas por Zerón. Además, en su informe final presentado en abril pasado, el GIEI revela que Zerón acudió al lugar con el detenido, sin dejar registro de sus actuaciones en el expediente del caso, y que “estas diligencias condujeron a la identificación mediante un pequeño resto óseo de uno de los estudiantes desaparecidos, pero también levantaron dudas”.
A foja 290 del Informe Ayotzinapa II, los expertos señalan: “Es necesario resaltar que la introducción al expediente de la versión del basurero de Cocula como destino final de los estudiantes y del río San Juan, como lugar donde tiraron los restos quemados, no fue por prueba directa, sino por denuncia anónima y aparente prueba referencial. En el primer caso, una llamada anónima, en donde el interlocutor no explica la forma en que conoció los hechos; y en el segundo, una puesta a disposición en la cual los captores refieren lo que les habría dicho el detenido”.
En términos generales, el informe (dos tomos) contradice la versión oficial y acusa al gobierno de no haber seguido líneas de investigación clave, manipular evidencia, proteger a oficiales sospechosos de participación en las desapariciones forzadas y de torturar a presuntos sospechosos para asegurar “confesiones”.
La fiscalía general informó el pasado miércoles a través de un comunicado, que la procuradora general Arely Gómez aceptó la renuncia de Zerón, sin dar más detalles de sus motivos para separarse del cargo. Y el subprocurador de Derechos Humanos de la fiscalía, Omar Betanzos, negó que la salida fuera en realidad un despido.
Ese mismo día, la Secretaría de Gobernación anunció en otro comunicado (Boletín 422/16) que Zerón había sido designado secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad, una posición en la que lo nombró el presidente Enrique Peña Nieto, a quien le reportará.
A pesar de que Zerón es investigado actualmente por la Visitaduría de la fiscalía, junto con otros funcionarios, debido a presuntas irregularidades cometidas durante la investigación del caso Ayotzinapa, la comunicación de la Secretaría también señala que el nuevo nombramiento de Zerón “es un reconocimiento a sus acciones y responde a la experiencia y capacidad que ha demostrado en sus encargos anteriores”.
Zerón estuvo al frente de la agencia desde su creación en septiembre de 2013, y según el perfil que aparece en el sitio web de la entidad “ha innovado en el modelo tradicional de la policía reactiva de investigación, con un modelo de investigación y análisis”. En 2007, fue removido del cargo de coordinador de control policial de la Secretaría de Seguridad Pública Federal junto con otros cinco mandos, responsabilizado de “falta de coordinación logística”. El 16 de mayo de ese año, en Cananea, estado de Sonora, 22 policías municipales resultaron muertos tras ser atacados por sicarios.
El pasado 14 de abril, el Gobierno mexicano notificó a la CIDH que el mandato del GIEI estaba por expirar (30 de abril) y que no pediría una nueva ampliación.
(Con información AP, AFP y Reuters)