La Fiscalía Superior Especializada en Delincuencia Organizada solicitó a la Contraloría de la República una auditoría al salario de un funcionario de la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC), mencionado en la investigación por supuestos cobros de sobornos en el otorgamiento de los contratos a la empresa BizJet International Sales & Support Inc., para el mantenimiento del rematado avión presidencial Gulfstrem II.
Además de la auditoría al salario de este funcionario, cuyo nombre no se reveló, pidió investigar sus cuentas bancarias.
Este proceso se abrió en marzo de 2011 y se espera respuesta a una asistencia judicial enviada a Estados Unidos, con relación a las supuestas irregularidades descubiertas señaladas por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).