Un descontrol en el uso de tarjetas de abastecimiento de combustible a vehículos asignados al Centro de Comunicaciones Judiciales (CCJ) del Ministerio Público (MP), trajo como consecuencia una lesión patrimonial al Estado.
Tres funcionarios del MP fueron acusados por la Fiscalía Segunda Anticorrupción a cargo de Lizzett Chevalier, por delitos contra la administración Pública (peculado) por la sustracción y utilización dolosa de tarjetas para abastecer combustible propiedad de la entidad.
La fiscal Chevalier acusó a Guillermo Henríquez Núñez, Rosendo Lara y Delfín Núñez Castro, todos funcionarios del CCJ, de haber utilizado una tarjeta durante seis meses, para abastecer de combustible autos particulares, lo que ocasionó una lesión de $1,017.63.
El supuesto delito
El hecho fue cometido supuestamente de septiembre de 2010 a enero de 2011, cuando se detectó que, a pesar de que un vehículo de uso del MP se hallaba en un taller por un accidente automovilístico, la tarjeta de combustible asignada era utilizada de manera irregular.
Las investigaciones se iniciaron en febrero de 2011, luego de la denuncia interpuesta por el jefe, en ese entonces del CCJ y posteriormente imputado, Guillermo Henríquez Núñez, quien reveló el extravío de la tarjeta de combustible del vehículo Mitsubishi L-200.
La oficina de instrucción recogió las declaraciones de la jefa de la Sección de Transporte del MP, Vielka Loyda Muñoz, quien dijo que el vehículo Mitsubishi tuvo una colisión el día 12 de marzo de 2010, por lo que se encontraba en reparación hasta el 23 de enero de 2011, pero ni las llaves ni la tarjeta asignada para suministrarle combustible habían sido devueltas.
Este vehículo estaba asignado a Delfín Núñez, cuando fue objeto de una colisión en el distrito de Chepo, por lo que fue trasladado al taller de la institución, donde estuvo seis meses.
Sin embargo, en noviembre de 2010, un citador de la CCJ encuentra a su compañero, Rosendo Lara, ingresando a bordo de un vehículo color blanco, sin las líneas amarillas que distinguen los autos del Estado, a una estación de combustible, lo que levantó sospechas.
Además, que Lara, según su jefe Henríquez, tenía dos reportes de anomalías en el uso de la gasolina y que incluso este se las había aceptado. También Lara había mencionado a Delfín Núñez como una de las personas que se estaba dedicando a este ilícito.
Al expediente se incorporó una nota de entrega de combustible de noviembre de 2010, en la que se establece que Lara retiró 10 galones de gasolina máxima de 95 octanos, valorados en $32.80, para supuestamente abastecer un vehículo ajeno a la institución.
se defienden
Rosendo Lara rechazó las acusaciones en su contra en la indagatoria. Manifestó que no tenía conocimiento del caso ni manejó la tarjeta a la cual se le estaba vinculando, porque esa responsabilidad era de Henríquez. Igualmente, dijo que nunca utilizó combustible para vehículos particulares. “En ningún momento le confesé al licenciado Henríquez nada”, recalcó Lara.
El imputado solicitó a la fiscalía buscar comprobantes de pagos, desde que él estuvo laborando en el CCJ, para verificar si cuando abastecía de combustible a los vehículos, aparecían anotados autos que no fuesen del departamento.
En tanto, Delfín Núñez manifestó que fue uno o dos días antes de la colisión del vehículo Mitsubishi, cuando abasteció por última vez ese auto, y ese mismo día entregó la tarjeta a Henríquez por ser el encargado de entregar y recibir las tarjetas.
La fiscal Chevalier formuló cargos contra el director de la CCJ, Guillermo Henríquez, por ser responsable de velar por el uso adecuado de las tarjetas de combustible.
En su indagatoria, este negó los cargos en su contra, al expresar que en ningún momento, en el MP, se le dio un lugar adecuado para guardar las tarjetas.