La Junta de Control de Juegos (JCJ) cambió en 2012 la norma que regulaba el negocio de las máquinas tragamonedas tipo C, aumentando la cantidad de equipos que se puede operar por local y permitiendo que empresas con acciones al portador operen centros de apuestas, aspecto prohibido por ley.
Ahora, la Asociación de Administradores de Juegos de Azar (Asaja), gremio que reúne a la mayoría de los operadores de centros de apuestas, pide que la JCJ revele los nombres de las empresas detrás del negocio, así como el número de máquinas tipo C que opera en el país.
Después de 22 cartas sin recibir respuesta alguna, Asaja interpuso una acción de hábeas data en la Corte Suprema aduciendo que la entidad que regula la explotación de los juegos de azar ocultó información relacionada con las salas tipo C.
Le tocará al magistrado de la corte Harry Díaz decidir si la directora de la JCJ, Giselle Brea, cometió una falta al no proporcionar a Asaja la información solicitada.