Ante la nueva amenaza de convertir isla Boná en una terminal petrolera, la vicealcaldesa capitalina, Raisa Banfield, y grupos ambientalistas solicitaron al presidente, Juan Carlos Varela, que antes de culminar su gestión, firme un decreto ejecutivo que la proteja.
Este medio quiso conocer la postura del presidente sobre esta solicitud, pero evitó responder. La Secretaría de Comunicación del Estado informó que: “Ya hay una decisión en firme desde el Ejecutivo. El presidente pidió que se revisara y fue la decisión del CENA (Consejo Económico Nacional) revocar [la aprobación al contrato el pasado 26 de abril]”.
Piden al presidente Varela decreto ejecutivo que salve a isla Boná
La vicealcaldesa capitalina, Raisa Banfield, y grupos ambientalistas han solicitado al presidente Juan Carlos Varela un decreto ejecutivo que impida que isla Boná se convierta en una terminal petrolera.
La petición surge luego que el alcalde de Taboga, Ramón Ramos, inscribiera nuevamente en Panamá Compra el contrato de arrendamiento de la isla, cinco días después de haber perdido las elecciones generales.
Banfield consideró sospechoso que el alcalde de Taboga insista “en meter por la puerta de atrás” el contrato de arrendamiento, a pocos días de dejar el cargo.
“Esta insistencia no es gratuita. Tiene que tener algún interés de fondo”, advirtió la vicealcaldesa.
La funcionaria consideró que el ministro de Ambiente, Emilio Sempris, debe pronunciarse en contra del proyecto que afecta la biodiversidad en la isla.
A esta solicitud se sumó el científico del Instituto Smithsonian Héctor Guzmán, así como el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM).
Guzmán afirmó que lo único que podría salvar la vida silvestre y marina en isla Boná es que el presidente Varela firme un decreto ejecutivo antes de que culmine su gobierno.
“Lo que necesitamos ahora es que la solicitud de decreto que presentamos días atrás al presidente Varela sea reconsiderada, más aún cuando sabemos que luego del prohijamiento de la Asamblea es casi imposible que siga”, resaltó.
La misma preocupación la comparte el CIAM, resaltó la abogada María Gabriella Dutari. Dijo que “es importante que el Gobierno cumpla con sus propias políticas”, al referirse a la recién aprobada Estrategia y Plan de Acción Nacional de Biodiversidad.
Consideró que el Órgano Ejecutivo tiene la posibilidad de proteger isla Boná como lo ha hecho con las áreas marinas conocidas como Banco Volcán (Caribe) y la cordillera de Coiba (Pacífico).
Otras voces que se han unido al rechazo de la terminal petrolera son la Asociación Panameña de Hoteles y la Cámara Nacional de Turismo, que solicitan al Ministerio de Ambiente declarar la isla refugio de vida silvestre.
Manifestación
Mientras, grupos ambientalistas anunciaron que no descartan manifestarse frente a la Contraloría para exigir que el contrato no sea refrendado.
La ambientalista Hortencia Broce indicó que las afectaciones a la isla –que forma parte del corredor marítimo– no son cuantificables, por lo que las autoridades deben tomar las medidas necesarias para evitar que se mantenga el contrato.
Broce indicó que, si es necesario, las protestas se trasladarían al Consejo Económico Nacional, en el Ministerio de Economía y Finanzas, “a pesar de que ya rechazó el contrato” y a la Dirección de Contrataciones Públicas, para que “sepan que ese contrato es ilegal”.
Por su parte, el ministro Sempris confirmó a este diario que no ha llegado a esa institución ninguna solicitud del Municipio de Taboga o de la empresa Bona Pacific Corp. para revisar el estudio de impacto ambiental para la terminal petrolera.