Por segunda vez consecutiva, el proceso judicial en Italia que imputa al empresario Valter Lavítola y al ex director comercial de Finmeccanica Paolo Pozzessere, por corrupción internacional en Panamá, fue aplazado ayer hasta febrero del año próximo.
En un nuevo episodio judicial, la presidenta del colegio de jueces de la II Sección Penal del Tribunal de Roma, Adele Rando, se acogió a jubilación y la competencia del Órgano Judicial que ha instruido el caso hasta ahora quedó invalidada.
La cita en el calendario de este juicio –que comenzó el pasado 27 de junio de 2014– fue aplazada ayer hasta el 7 de febrero del próximo año, cuando, además de conformarse el nuevo equipo judicial que deberá discernir las responsabilidades penales de los acusados, se sabrá si este juicio continúa o si deberá comenzar desde cero.
La defensa de Valter Lavítola se ha opuesto frontalmente a la petición de la jueza María Concetta Giannitti de adquirir los documentos de las audiencias pasadas como prueba.
El reo Lavítola –que está en arresto domiciliario– no asistió al juicio de ayer, pero eso no impidió que sus abogados consigan que los tiempos del proceso sean nuevamente dilatados.
Su petición fue que el proceso por corrupción internacional en Panamá comience desde el principio para que el nuevo tribunal escuche las declaraciones de los testigos.
Si esto fuera aceptado, todo lo que se ha avanzado hasta ahora en el juicio quedaría cancelado: dos años y cuatro meses de proceso perdidos por una nueva estratagema legal de la defensa de Lavítola, que ha excedido en varias ocasiones las garantías del proceso.
Hay que destacar que los abogados del otro acusado –Paolo Pozzessere– no se han opuesto a que el nuevo tribunal use como prueba los documentos que registran cada uno de los eventos que han sucedido en las pasadas audiencias.
Ahora, a los seis meses de pausa provocados por la ausencia de Lavítola en la audiencia de abril pasado, se suman estos otros cuatro meses de aplazamiento.
EL CASO
El fiscal Paolo Ielo acusa a Lavítola y a Pozzessere de haber intentado desviar unos 25 millones de dólares en coimas que, según las investigaciones judiciales, presuntamente iban destinadas al entorno del expresidente Ricardo Martinelli. El exjefe de Estado de Panamá contrató a un abogado en Italia, pero todavía no ha hecho presencia en la sede judicial.
El anterior Gobierno de Panamá contrató al histórico abogado de Silvio Berlusconi, Francisco Coppi –uno de los mejores penalistas de Italia– para supuestamente defender los intereses de Panamá en los procesos que se seguían en Italia.
Sin embargo, después se evidenció que la asesoría legal brindada por Coppi solo benefició a algunos individuos presuntamente involucrados en los casos penales en Italia.
La fiscalía sostiene que la sociedad panameña Agafia Corp. se constituyó para recibir una coima de 25 millones de dólares, proveniente de los contratos directos firmados por Panamá con Finmeccanica para adquirir helicópteros, radares y un mapa digital, valorados en su conjunto en unos 250 millones de dólares.
La deposición de Lavítola ante los jueces en el caso Finmeccanica complicó su situación, ya que admitió que se había encargado de abrir una cuenta bancaria en Bulgaria –ligada a Agafia– para evitar que Martinelli pagara el 30% en impuestos en Panamá.
PROCESO EN ARGENTINA
Entretanto, en Argentina fue abierta una investigación judicial por el presunto pago de coimas a funcionarios del gobierno de Ricardo Martinelli, que involucra a Telespazio Argentina, S.A., filial de Finmeccanica, contratada de forma directa por la pasada administración para la instalación, mantenimiento y financiamiento de un mapa cartográfico digital.
El fiscal federal argentino Franco Picardi imputó a dos representantes de Telespazio. Además, según el fiscal, el expresidente Martinelli habría recibido beneficios económicos por la adjudicación de este contrato y en la “maniobra” también habrían participado –además de los representantes de la empresa argentina– el exministro de Obras Públicas Federico José Pepe Suárez, así como los italianos Valter Lavítola y Paolo Pozzessere, los mismos que tendrán su audiencia en Italia en febrero de 2017 por corrupción internacional.