El director nacional de Inteligencia de Estados Unidos (EU), James Clapper, anunció ayer que presentó su carta de renuncia, en momentos en que el presidente electo Donald Trump conforma el nuevo gobierno.
Clapper, cuya función es coordinar el trabajo de 17 agencias de inteligencia –como la Agencia Central de Inteligencia o la Agencia de Seguridad Nacional (NSA)–, se va tras seis años en el cargo.
Clapper , un teniente general de la Fuerza Aérea, informó de su renuncia durante una audiencia de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes del Congreso, en la que remarcó que no estará disponible para trabajar el día que el gobierno de Trump asuma, el 20 de enero de 2017.
“Tengo aún 64 días de trabajo, y sé que tendré serios problemas con mi esposa para cualquier cosa después de esa fecha”, comentó.
Casi simultáneamente, el Directorio Nacional de Inteligencia informó en su sitio web oficial que Clapper “firmó una carta de renuncia efectiva el mediodía del 20 de enero de 2017”.
La gestión de Clapper al frente del complejo de la inteligencia estuvo marcada por la fuga de documentos del NSA que dejaron al descubierto una gigantesca recopilación de datos en las comunicaciones de los estadounidenses. En 2013, Clapper había negado, en un testimonio ante el Congreso, que esa agencia reuniera esa información de las empresas de telecomunicaciones. Sin embargo, meses después de esa negativa, el exempleado de la NSA Edward Snowden filtró documentos secretos, generando acusaciones contra Clapper por haber mentido al Congreso.
Los documentos filtrados mostraron también cómo EU espiaba a sus aliados, descubrimiento que generó abiertas tensiones con países como Brasil, Francia y Alemania. En una entrevista en 2014, Snowden dijo que fueron, precisamente, los desmentidos de Clapper los que lo llevaron a hacer la filtración.
Luego, Clapper condenó a Snowden por dañar la capacidad de EU de recolectar inteligencia y por entregar secretos a enemigos de Washington. No obstante, en otra entrevista admitió que las revelaciones propiciaron un debate sobre la necesidad de balancear los derechos a la privacidad y los poderes del gobierno de recolectar inteligencia.