Las advertencias de que el proceso electoral para las elecciones del pasado 4 de mayo se convertirían en “un gran Bebedero”, en alusión al corregimiento de Los Santos en donde en 2012 se comprobó el uso de recursos del Estado para favorecer a la candidata a representante Nidia Cureña, del partido Cambio Democrático (CD), parecen confirmarse con el número de impugnaciones contra diputados electos en el torneo electoral.
El denominador común de las denuncias es el uso de recursos del Estado para favorecerse políticamente. En 11 de las 14 impugnaciones se argumenta esta causal. Pero también se incluye la compra de votos y faltas o irregularidades cometidas en el conteo y en las actas.
Los denunciados
Entre los diputados y aspirantes de CD electos y señalados por presuntamente utilizar bienes oficiales para sacar provecho político están: Noriel Salerno (circuito 2-4, Coclé); Rogelio Baruco (circuito 4-1 Chiriquí); Manolo Ruiz (circuito 4-5, Chiriquí); Ana Giselle Rosas de Vallarino (circuito 4-6, Chiriquí); Manuel Cohen (circuito 6-1, Herrera); Héctor Aparicio (circuito 9-2, Veraguas); Porfirio Elis (circuito 9-1, Veraguas); Omar Castillo (circuito 2-1, Coclé); Mariela Vega (circuito 7-2, Los Santos) y Mario Miller (circuito 1-1, Bocas del Toro).
La elección de Carlos Afú (circuito 7-1, Los Santos) fue impugnada por supuestas irregularidades en el proceso de votación. El recurso de nulidad de la elección de Miguel Fanovich, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena) (circuito 4-1 Chiriquí), también fue solicitada por el presunto uso de recursos del Estado para su beneficio (ver tabla).
El Código Electoral en su artículo 392 tipifica como un delito contra la honradez del sufragio el uso ilegítimo de los bienes y recursos del Estado en beneficio o en contra de determinados candidatos o partidos. Este delito es sancionado con pena de prisión de seis meses a tres años y la suspensión de los derechos ciudadanos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por uno a tres años.
Pero los recursos de nulidad de la elección no es exclusiva de diputados oficialistas. También se mencionan por la supuesta comisión del delito de compra de votos, a políticos de partidos opositores. Es el caso de Luis Barría, del Partido Panameñista (circuito 8-9). El exjefe del Registro Público es acusado por el diputado Tito Rodríguez, del Molirena, por este delito tras no resultar favorecido en esta contienda.
En esta denuncia Rodríguez señala, por esta misma falta, al diputado electo por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), Quibian Panay.
Rodríguez pidió, además, la nulidad de las elecciones alegando que cerca de 5 mil votos con una sola firma fueron anulados, pese a que un decreto emitido por el TE el día de las elecciones daba como válidos esos votos.
En tanto, en el circuito 5-1 de Darién se presentó otra impugnación. En este caso Marcial Mosquera, abogado de la diputada Aydeé Milanés de Lay, quien fue la abanderada del panameñismo en esta circunscripción electoral, querelló por supuesta compra de votos a Felipe Vargas, electo diputado por la papeleta del PRD.
Juntas Comunales y el PAN
Pero, ¿cómo algunos de estos aspirantes señalados, que ni siquiera eran autoridades al momento de su escogencia, lograron obtener recursos para financiar sus aspiraciones políticas? Según dos de los denunciantes, al menos en sus casos, la estrategia consistía en el suministro de partidas por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a juntas comunales cercanas a los circuitos de los candidatos impugnados.
En el caso de la denuncia del diputado Jorge Alberto Rosas contra la electa diputada de CD, Ana Giselle Rosas de Vallarino (circuito 4-6, Chiriquí), el impugnante asegura que más de $1 millón fue transferido desde el MEF a la junta comunal El Puerto, en Remedios, con la autorización del ministro del MEF, Frank De Lima.
Contó que días previos a las elecciones, esta junta emitió “más de 600 cheques” a residentes de los cuatro distritos de este circuito, con intenciones políticas.
Dentro de su recurso de nulidad en el 4-6, Rosas asegura además que el Programa de Ayuda Nacional (PAN) también apoyó la campaña de Rosas de Vallarino entregando más de 8 mil bolsas con comida en el último mes de campaña.
Mientras que la Lotería Nacional, según Rosas, la apoyó con la entrega de cortagramas, colchones, estufas, camas y máquinas de coser, entre otros artículos.
Rosas de Vallarino rechazó las acusaciones del diputado Rosas y tildó de “fabricadas” las pruebas que dice tener en su contra. “Yo no tuve la necesidad de comprar votos porque tenía la simpatía y el respaldo del pueblo, que está muy atento de los resultados de estas artimañas”, expresó.
Este medio también intentó obtener la versión del ministro del MEF, Frank De Lima, así como la de Rafael Guardia, del PAN, pero no respondieron.
DEL MEF A DIPUTADO
Similar situación ocurrió en la denuncia interpuesta por el diputado Jorge Iván Arrocha, del Partido Panameñista, contra el diputado electo de Cambio Democrático Omar Castillo, quien meses antes de las elecciones renunció al cargo de viceministro de Finanzas para aspirar a una curul por esta circunscripción.
Según Arrocha, a través de entidades provinciales como el Instituto de Mercadeo Agropecuario, el Instituto de Seguro Agropecuario, el Banco de Desarrollo Agropecuario y de la Lotería Nacional de Beneficencia, se licitó la compra de electrodomésticos, herramientas agrícolas, estufas, refrigeradoras, entre otros productos, que luego eran llevados a un depósito para que Castillo los entregara para beneficiarse políticamente, sin ser él autoridad elegida.
Afirmó, además, que antes de que Castillo oficializara su candidatura, siendo aún viceministro de Finanzas remitió cuantiosas partidas a las juntas comunales de Coclé, Penonomé y Chiguirí Arriba con las cuales se compraron estufas, lavadoras, entre otros artefactos, a través del Programa de Ayuda Nacional, y luego se les entregaba a los candidatos oficialistas.
“Lo que ocurrió en las elecciones pasadas en el circuito 2-1 y en todo el país fue mucho más allá de lo ocurrido en El Bebedero. Esta vez El Bebedero se multiplicó, el pago de dinero para comprar votos y el uso de recursos del Estado fue 10 veces mayor”, expresó Arrocha a este medio.
Arrocha cuestionó también “el premio” que asegura le dio el presidente de la República, Ricardo Martinelli, a Omar Castillo al ubicarlo en la casilla número uno de aspirantes a diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen), sin ser un político reconocido. “Tal vez con la intención de protegerlo” por ser el autor intelectual de que todos los diputados y candidatos oficialistas hayan manejado estos recursos del Estado. Él fue quien hizo los giros de transferencias de fondos”, argumentó.
Además de haber sido elegido como diputado en el circuito 2-1, Castillo fue electo diputado del Parlacen. Fue el número de la lista.
Se intentó obtener una opinión de Castillo, pero este no respondió su celular.
CD acusa a CD
No solo diputados opositores reclaman la nulidad de elecciones en donde fueron proclamados diputados del gobierno. Paradójicamente, José Brown, excandidato del oficialista CD, pidió la impugnación de la elección de su copartidario y diputado Mario Miller, en el circuito 1-1 en Bocas del Toro.
Al igual que los opositores en otros circuitos, Brown acusa a Miller de haber utilizado recursos del gobierno de Martinelli para obtener ventaja sobre los otros aspirantes. “El 3 de mayo en la noche y en la madrugada, antes de las elecciones, se repartieron paneles solares, sacos de arroz, comida, bicicletas. Eso fue increíble. ¿De dónde sacó tanta plata para eso? Me tenía ahogado con todo esto, uno no es ciego para no verlo”, precisó.
Miller niega todo y cataloga a su copartidario “como un mal agradecido y un mal perdedor”.
LA ENCRUCIJADA DEL TE
A 29 días de que tomen posesión los diputados de la Asamblea Nacional, el próximo 1 de julio, el Tribunal Electoral se encuentra en una encrucijada, ya que deberá definir el futuro de estas impugnaciones.
Incluso existe la posibilidad de que la nueva Asamblea se instale con una cifra menor de 71 diputados. Por el momento han sido admitidos ocho de estos recursos legales y se espera que definan el resto en las próximas semanas.
La entidad ya anunció que en los próximos días se iniciará el proceso de entrega de credenciales a los diputados, alcaldes, representantes de corregimiento y concejales con sus suplentes elegidos en las votaciones del 4 de mayo, y cuyas proclamaciones se encuentran en firme.
Las autoridades electas que enfrentan procesos de impugnaciones no recibirán sus credenciales hasta que el TE resuelva sus casos.
ENFOQUE
Guillermo Márquez A.
panorama@prensa.com
OPINIÓN. El gran número de impugnaciones tras las elecciones del 4 de mayo no deja duda de que lo ocurrido en El Bebedero, en 2012, se replicó en el pasado torneo electoral, desatendiendo las autoridades de gobierno la prohibición constitucional del apoyo oficial directo e indirecto a candidatos de elección popular.
Difícilmente el Tribunal Electoral podrá resolver todas las impugnaciones presentadas antes del 1 de julio próximo. Pero eso no será obstáculo para que la nueva Asamblea se pueda instalar el 1 de julio.
Anteriormente la Asamblea se ha instalado de manera incompleta. Ocurrió en 1990 cuando empezó con nueve diputados; y en 1994 por lo menos un diputado (Laurentino Cortizo, escogido tras una segunda elección) no estuvo presente. Si falta uno significa que no tienen que estar presentes todos.
No hay nada en la ley que diga que en el acto de instalación tienen que estar los 71 diputados que integran la Asamblea.
A falta de una norma especial que lo establezca, se aplica la norma general, y es que bastaría que por lo menos esté presente la cantidad de miembros que haga el quórum, es decir, 36 diputados.
*Exmagistrado del TE