Mientras los candidatos de oposición plantean una lucha frontal contra la corrupción, el abanderado oficialista José Domingo Arias no reconoce la existencia de este flagelo en la actual administración.
En su plan de gobierno, Arias propone de manera ambigua “asegurar la debida adecuación y fortalecimiento de la autoridad anticorrupción”, entidad cuya independencia y efectividad es altamente cuestionada por diversos sectores del país.
Arias sostiene en el documento que su gobierno no va a “politizar el tema de la institucionalidad”, y que la “gobernabilidad” sería su “nuevo estilo de gobierno”.
El plan de gobierno de Cambio Democrático no propone soluciones a la crisis institucional que la sociedad civil y los gremios denuncian con fuerza, al igual que la escasa independencia del sistema judicial, la malversación de fondos públicos, los pagos irregulares y sobornos y el favoritismo en decisiones oficiales.
Los aspirantes presidenciales por la oposición Juan Carlos Navarro y Juan Carlos Varela prometen reformas a la ley para obligar a las autoridades a auditar periódicamente las declaraciones patrimoniales e impulsar que por ley se elimine la prescripción de los delitos de corrupción, respectivamente.
