Dos semanas antes del cambio de gobierno, el entonces ministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino firmó una adenda al contrato con Selex, que facultó a esa compañía a entregar el proyecto de radares el 31 de diciembre de 2014, es decir, nueve meses después de lo pactado (marzo 2014).
La empresa alegó varias razones. Por ejemplo, informó que pasó por un año de reorganización interna, justo cuando las autoridades italianas descubrieron que Finmeccanica tenía un “fondo negro”, alimentado con sobrecostos, para pagar coimas a funcionarios extranjeros.
Mulino justificó la adenda argumentando que también hubo problemas al instalar radares en algunos sitios, citando el caso de Guna Yala, donde las autoridades indígenas lo rechazaron.
“La proximidad del [nuevo] gobierno no tuvo nada que ver... pedí la adenda, como quiera que faltaban radares por instalar y teniendo que calibrarse cada uno de acuerdo con las necesidades de cada costa a cubrir”, dijo.
Mulino también reveló que Alejandro Garuz –consuegro del expresidente Ricardo Martinelli– manejó este proyecto desde un inicio por instrucciones del propio exmandatario.
“Este tema ha sido un tormento; sobre mí ha caído el peso de grandes críticas, jamás he sacado el cuerpo delegando las cosas en otro”, sostuvo Mulino, tras enfatizar que siempre tuvo claro que no fue el ministro favorito ni del gobierno ni de los medios.