El segundo recurso legal que pide dejar sin efecto el Decreto Ejecutivo No. 302 del 31 de agosto de 2016, que permite a los oficiales de la Policía Nacional que ocupen un alto cargo en el Órgano Ejecutivo recibir una jubilación especial, llegó a la Corte ayer.
Se trata de una demanda de inconstitucionalidad presentada por el exdirector de la Caja de Seguro Social Juan Jované, quien aseguró que el citado decreto viola los artículos 302, 303 y 307 de la Constitución.
En la demanda se establece que el artículo 302 de la Carta Magna plantea que “los deberes y derechos de los servidores públicos, así como los principios para los nombramientos, ascensos, suspensiones, traslados, destituciones, cesantías y jubilaciones serán determinados por la ley”. En este punto Jované sostiene que, siendo un decreto ejecutivo una norma inferior a la ley, no es aplicable.
Y además, plantea que el Decreto 302 de agosto de 2016 viola de forma directa el artículo 303 de la Constitución que dice “que los servidores públicos no podrán percibir dos o más sueldos pagados por el Estado, excepto los casos especiales que determine la ley, ni desempeñar puestos con jornadas simultáneas de trabajo”.
Apuntó que no se puede computar el tiempo de servicio en la Policía y de ministro o viceministro para el pago de una jubilación.
Así como el 307 de la Constitución que señala “que no forman parte de las carreras públicas los servidores públicos cuyo nombramiento regula esta Constitución”. En este caso los ministros y directores de la Policía no pueden ser parte de la carrera administrativa, ya que son nombrados por el Ejecutivo.