Aunque las clases volvieron a su normalidad ayer, tras el acuerdo suscrito entre el Gobierno y los gremios magisteriales, hay organizaciones de la sociedad civil que demandan un seguimiento formal al convenio.
Por ejemplo, el grupo Jóvenes Unidos por la Educación planteó que la “gran falla” de estos acuerdos y la de los diálogos por la educación es que no se les da seguimiento y tampoco son acompañados por la sociedad panameña.
Agregó que los acuerdos de terminación de huelga suscritos en el pasado no reflejan una mejora en la medición del aprendizaje. “La reforma a los procesos administrativos del Ministerio de Educación (Meduca) se mantiene como una asignatura pendiente”, señaló Jóvenes Unidos por la Educación en un comunicado.
Además, la oenegé precisó que $80 millones anuales en salarios y el aumento de la inversión no garantiza que mejorarán los aprendizajes, sino se establecen indicadores de progreso y de verificación.
En este contexto, el grupo dijo que permanecerá“vigilante” de los compromisos adquiridos para mejorar la calidad de la educación.
Y es que, como parte del acuerdo de terminación de huelga, se estableció una evaluación integral del sistema educativo, así como capacitaciones permanentes de los docentes.
Sobre este tema, el dirigente magisterial Diógenes Sánchez explicó que la forma como se implementarán los procesos para mejorar la calidad de la educación se discutirá con la ministra de Educación, Marcela Paredes de Vásquez.
Mientras, el asesor del Meduca Mario Rodríguez explicó que tras el levantamiento del paro, las autoridades de esta entidad mantendrán las conversaciones que sostienen desde hace dos años con los educadores.
A la vez, Rodríguez expresó que dejaron a consideración de los directores de escuelas y de los docentes la manera como se recuperarán los contenidos atrasados, después de la huelga.
En ese sentido, indicó que no se puede tomar una “tabla rasa” para todos los docentes y las escuelas, ya que no todos apoyaron la medida de fuerza.
No obstante, aseguró que cualquier decisión que se tome debe tener el aval del despacho superior.
Los docentes del sector público protagonizaron una huelga para exigir al Gobierno, entre otros aspectos, la asignación del 6% del Producto Interno Bruto del país a la educación. Asimismo, demandaron mejoras salariales.