Por primera vez residentes de Juan Díaz, víctimas de las inundaciones del pasado 20 de agosto, se veían cara a cara en un mismo recinto con ministros de Estado, directores de entidades, diputados y autoridades locales.
Era el escenario que estaban esperando hace días para presentar sus reclamos sobre un problema que los aqueja hace décadas: desastres naturales a raíz del mal manejo de agua en la cuenca del río Juan Díaz.
La convocatoria la hizo la Comisión de Infraestructura Pública de la Asamblea Nacional para que las autoridades respondieran un cuestionario sobre la causa de las anegaciones de agosto pasado, cuando más de 2 mil personas resultaron afectadas.
La primera en tomar la palabra fue la vicealcaldesa del distrito de Panamá, Raisa Banfield, en representación del alcalde, José Isabel Blandón, quien está fuera del país.
Banfield planteó que la huella urbana de ese corregimiento, el más poblado del distrito con 100 mil habitantes, crece hacia la costa con poca planificación. Usó como ejemplo los canales mal diseñados y la pérdida de manglares que funcionan como una “esponja natural” cuando aumenta el nivel de agua en cualquier zona.
La vicealcaldesa se refirió a que allí corren peligro vidas humanas si no se hace una inversión de $50 millones para mejorar el manejo de las aguas del río Juan Díaz, como lo establece un estudio elaborado por expertos de Holanda y España. A su vez, advirtió que el Aeropuerto de Tocumen está en “riesgo” si se siguen levantando rellenos en el corregimiento.
Le siguió el ministro de Obras Públicas, Ramón Arosemena, quien calificó el corredor Sur como un “dique” que de alguna manera, impide que el agua circule de forma correcta.
Arosemena subrayó que no hay un estudio integral hidrológico de esa cuenca, que permita entender mejor su comportamiento.
A su vez, se refirió a la ejecución de un plan de mantenimiento continuo, con dragado del río y limpieza de la basura.
Mientras el ministro hablaba, se escuchaba a uno que otro residente cuestionar que ese tipo de trabajo solo ocurre cuando hay casas inundadas.
Posteriormente, el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Mario Etchelecu, recomendó verificar las normas vigentes con las que aprueban hoy cualquier tipo de construcción.
Etchelecu, acompañado de los viceministros Martín Sucre y Juan Manuel Vásquez, pidió supervisar las construcciones que se están ejecutando y que las autoridades locales vigilen las edificaciones que se realizan en las servidumbres de manera ilegal.
Si en algo coincidieron tanto las autoridades como los residentes es en suspender la aprobación de nuevos permisos de construcción en la zona, mientras se encuentra una solución al problema.
Por ejemplo, el edil de Juan Díaz, Javier Sucre, planteó que en 2010 una de las inundaciones más impactantes afectó a 20 comunidades del corregimiento, mientras que la última, de agosto pasado, alcanzó a 50.
“Es mentira que la basura es la principal responsable de las inundaciones aquí. Se quiere responsabilizar a la comunidad por estos desastres cuando no es así”, acotó.
Por su parte, José Donderis, director del Sistema Nacional de Protección Civil, indicó que se requiere mucha mayor supervisión de algunos proyectos inmobiliarios y de construcción que levantan en el área.
“El manejo de la cuenca del río Juan Díaz debe ser un tema de Estado. La politiquería nos está llevando a que más panameños sigan en riesgo”, aportó Donderis, quien también cuestionó que se arroje desperdicios al río y la construcción en el área.
Finalmente, se decidió crear una mesa de trabajo con las autoridades que participaron ayer en la Asamblea. La primera reunión será el próximo miércoles a las 10:00 a.m. Este grupo debe presentar una serie de soluciones a la Comisión de Infraestructura y Asuntos del Canal a más tardar el 15 de octubre para comenzar a ejecutarlas.
Cuando acabó la reunión, los residentes de Juan Díaz salieron bastante molestos porque no les dieron la palabra durante el debate.
Se atrincheraron en una de las puertas del auditorio de la Asamblea, mientras Etchelecu, Arosemena, directores y los diputados salían por la otra puerta.
“Esto parece un show. Nadie trajo una solución”, agregó Darvin Saldaña, uno de los afectados por las inundaciones de agosto.
Saldaña manifestó que todos los funcionarios durante la discusión se dieron a la tarea de dar las mismas ideas que siempre manifiestan. “Queremos acciones concretas. Yo perdí mi carro y mis enseres”, añadió.
Otro aspecto que salió a relucir en este debate es que hay cuatro estudios sobre esa zona y sus posibles soluciones, pero ninguno se ha ejecutado hasta el momento.