De 32 casos relacionados con hechos de corrupción de alto perfil, 29 están pendientes de decisión en la Corte Suprema de Justicia, el Segundo Tribunal Superior y en juzgados de circuito.
Así lo revela un informe del propio Órgano Judicial, en el que se indica, además, que no se ha dictado sentencia en firme por estos casos, que datan de 2014 a 2016.
De los 32 procesos, en 4 se llegó a la audiencia preliminar, aunque tampoco hay sentencia, debido a que se presentaron recursos.
Tres casos ya fueron devueltos al Ministerio Público –después de que el Judicial resolviera recursos interpuestos- para que este continúe con las investigaciones.
Entre los casos que llegaron a audiencia están el del contrato de $44.9 millones para la compra de comida deshidratada y el de la adquisición de llantas, a través del extinto Programa de Ayuda Nacional. Asimismo, el proceso seguido a la exministra de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Giselle Burillo por supuestos sobreprecios en el alquiler de vehículos, y el caso seguido a la exviceministra de Desarrollo Social Zulema Sucre por la supuesta comisión del delito de peculado.
Para Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, el informe demuestra que hay desidia en la tramitación de recursos, como habeas corpus, que se han convertido en herramientas para dilatar los procesos.
'VAMOS RUMBO A LA IMPUNIDAD'
Sectores de la sociedad civil advirtieron que “vamos rumbo a la impunidad” en los casos de “alto perfil” en los que se investigan hechos de corrupción.
Freddy Pittí, del Movimiento Juntos Decidimos, señaló que el informe presentado por el Órgano Judicial demuestra que estas investigaciones “van rumbo a la impunidad”. Lamentó que no haya ninguna sentencia en firme.
Indicó que lo más alarmante es que son casos en los que hay amplias pruebas de que hubo lesión al patrimonio del Estado, por lo que la administración de justicia debe sentar un precedente oportuno, enérgico y enviar un mensaje de que no se van a tolerar actos lesivos al patrimonio de todos los panameños.
Por su parte, Annette Planells, del Movimiento Independiente (Movin), aseguró que la sociedad está“frustrada ante la poca importancia que el Órgano Judicial le está dando al tema”. De los expedientes de “alto perfil”, por lo menos 28 están en la esfera del Judicial pendientes de resolver recursos, apelaciones o habeas corpus (ver gráfico).
Planells indicó que los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia no pueden evadir la responsabilidad que tienen por delante con estos casos. Además, dijo que la prueba de que no avanzan con los expedientes está en la gran cantidad de investigaciones que el Ministerio Público les ha enviado y las pocas audiencias que se han celebrado. En solo cuatro procesos se han llevado a efecto audiencias preliminares.
Castillo manifestó que esa agrupación ha llegado a concluir que a estos expedientes se les están dando largas para que no se resuelvan hasta 2019, y se va a hacer todo para esperar el período electoral.
También lamentó que la sociedad se haya ido olvidando paulatinamente de estos casos de corrupción que se cometieron con fondos del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN), además de los escándalos que hubo con el caso Buko Millonario, en la Caja de Ahorros, el proyecto del sistema de riego de Tonosí y con el dinero de la Caja de Ahorros que fue desviado para la supuesta construcción del centro de convenciones de Amador.
En este punto, la responsabilidad es de los jueces de circuito y de los magistrados de tribunales superiores, quienes demoran meses y hasta años en resolver un simple recurso, denunció.
Un ejemplo de los que apunta Castillo está en el informe del Órgano Judicial con el caso de la compra de instrumentos musicales con fondos del PAN, cuya vista fiscal fue remitida el 31 de octubre de 2016 y el Juzgado Quinto Penal aún no ha fijado la fecha de audiencia.