El querellante autónomo y las víctimas en el caso de los pinchazos anunciaron que recusarán a dos de los tres jueces que fueron elegidos como miembros del Tribunal de Juicio, en el proceso que se sigue al expresidente Ricardo Martinelli por la supuesta comisión de delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, así como peculado.
La recusación sería contra los magistrados Roberto Tejeira, quien presidirá dicho tribunal, y Raúl Vergara. Mientras, contra la relatora Arlene Caballero no se anunciaron medidas, aunque también se cuestionó su objetividad.
Carlos Herrera Morán, abogado del médico Mauro Zúñiga –víctima de las escuchas–, precisó que recusarán a Tejeira, porque, en primer lugar, fue nombrado por Martinelli como asesor en el Ministerio de Gobierno y Justicia en julio de 2009.
En segundo término, porque laboró como vicegobernador y secretario general de la Gobernación de la provincia de Panamá durante la administración de Mayín Correa (2009-2014), quien fue nombrada por el entonces presidente Martinelli.
Y, en tercer lugar, porque su conexión con figuras de Cambio Democrático (CD) –partido fundado por el exgobernante– lo hace susceptible de no ser imparcial en el juicio oral de las escuchas, cuya fecha de inicio fue fijada para el 12 de marzo.
Informó que presentarán como prueba el documento que certifica su nombramiento como asesor en el Ministerio de Gobierno y Justicia.
En tanto, el querellante autónomo en el proceso, Rosendo Rivera, anunció que también recusará a Tejeira, porque fue miembro activo del gobierno de Martinelli en varios puestos.
A su vez, la defensa del periodista Rubén Polanco –también víctima de los pinchazos– señaló que recusará a Vergara, porque este, como magistrado suplente del Segundo Tribunal Superior, condenó al comunicador en un proceso por la presunta comisión de delitos contra el honor.
La sentencia contra Polanco fue revocada por la Corte Suprema de Justicia en 2013.
Cuestionan objetividad
Mientras, sectores ligados al proceso cuestionaron la objetividad de Caballero, porque fue secretaria de la Sala Penal de la CSJ y trabajó en la oficina de implementación del sistema penal acusatorio cuando el magistrado José Ayú Prado era presidente del Órgano Judicial.
Ayú Prado fue nombrado por Martinelli en 2010 como procurador de la Nación y, en 2013, como magistrado de la Corte.
Ayú Prado aclaró ayer a través de un comunicado que Caballero nunca trabajó en su despacho como secretaria o asistente, y que tampoco la propuso para magistrada del sistema penal acusatorio.
El artículo 50 del Código Procesal Penal señala que “los jueces podrán apartarse del conocimiento de la causa o ser recusados por las partes cuando existan conflictos de interés o motivos graves que afecten su imparcialidad, como las relaciones de parentesco, convivencia, amistad, enemistad y comerciales con algunas de las partes, o cuando pueda existir un interés en el resultado del proceso o cuando hayan intervenido con anterioridad en el proceso y siempre haya un temor fundado de imparcialidad”.