La ministra de Gobierno, María Luisa Romero, defendió la medida de postergar el inicio de la justicia de paz en el Primer Distrito Judicial y aseguró que la acción es lo “responsable” en este momento.
La Ley 16 del 17 de junio de 2016, que sustituye a los corregidores por la nueva figura de los jueces de paz, debía empezar a regir a partir del próximo mes de junio en los 18 municipios de las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón, Darién y en las comarcas indígenas Guna Yala, Emberá Wounnan y Wargandí.
Sin embargo, la falta de presupuesto para implementar la norma y la nula capacitación del nuevo personal impedirá que se inicie en la fecha estipulada.
Frente a ese panorama, Romero presentó el pasado 17 de abril en la Asamblea Nacional un proyecto de ley para posponer el inicio de la norma hasta enero próximo y con ello lograr el tiempo necesario para realizar los ajustes que corresponden.
“No es algo de lo que nos sintamos contentos, porque entendemos la necesidad de la justicia de paz, pero sí es lo responsable en este momento, porque los municipios no estaban listos para comenzar en junio”, dijo.
Sobre este tema, Carlos Lee, miembro de la Alianza Ciudadana pro Justicia, señaló que la acción asumida por el Ministerio de Gobierno fue consensuada en la mesa de trabajo que gestiona la aplicación de la ley.
Desde su punto de vista, este tiempo es necesario, no solo para conseguir los presupuestos, sino también para cumplir con la capacitación y los tiempos estipulados en la Ley 16, con miras a escoger a los jueces de paz.
“Es importante que este tiempo sea aprovechado para que haya divulgación de la norma y la comunidad pueda participar en el proceso”, señaló.
Poner en vigencia esta nueva norma le costará al Estado un total de 6.8 millones de dólares, presupuesto que, de acuerdo con lo previsto por las autoridades, podría ser facilitado a través de la Secretaría Nacional de Descentralización.
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