Con la Presidencia de Brasil pendiendo de un hilo, la mayoría de los jueces del máximo tribunal electoral del país decidieron ayer que podrían no admitir las nuevas pruebas de presuntas contribuciones ilegales de campaña para dirimir un caso que podría costarle su trabajo al presidente Michel Temer.
El Tribunal Superior Electoral debe resolver si la campaña de Temer, entonces candidato a vicepresidente, y de la presidenta Dilma Rousseff recibió donaciones ilegales en 2014.
Los dos lo han negado. Las nuevas pruebas provienen de acuerdos de culpabilidad entre fiscales y algunos ejecutivos que trabajaron en la empresa de construcción Odebrecht, la cual está en el núcleo de la mayor investigación sobre corrupción en la historia de Brasil. Esta pesquisa indaga sobornos y otros pagos realizados en la compañía petrolera Petrobras y ya ha implicado a varios políticos y empresarios de renombre.
La defensa argumentó que las pruebas obtenidas de los acuerdos deberían ser excluidas porque la evidencia del caso fue entregada hace mucho tiempo y que estas nuevas pruebas no deberían de ser consideradas. En un largo debate, cuatro de los siete jueces del tribunal estuvieron de acuerdo con la defensa, lo que podría indicar una cierta inclinación para absolver a Temer y Rousseff.
El juez Herman Benjamin, quien fue nombrado por el tribunal para evaluar el caso, será el primero en emitir su voto en el caso y ha empezado a dar lectura a su argumentación.
Resumió que la evidencia en el caso indica un financiamiento ilegal en la campaña.
“Todo recae en el continuo abuso del poder político y económico, cuyos efectos sin lugar a dudas se han dejado sentir en el sistema electoral”, dijo Benjamin.
Los procedimientos se detuvieron al caer la noche y se reanudarán hoy viernes.
El caso es solo uno de varios que amenazan la presidencia de Temer, la cual está sumida en escándalos desde que reemplazó a Rousseff, quien fue destituida el año pasado por haber manejado ilegalmente el presupuesto federal. Su índice de popularidad ha caído por debajo del 10% y ha sido denunciado por presuntamente aprobar el pago de un soborno a un exlegislador condenado y preso por corrupción.