No se probó que era una organización criminal que se dedicaba a introducir dinero ilícito en la banca panameña. Tampoco había un informe de la División de Blanqueo de Capitales de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) que sustentara el hecho.
Estos fueron los dos principales puntos que sustentó el juez decimoquinto penal, Leslie Loaiza, para liberar de culpa a 18 personas acusadas de la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales a través de contratos que afectaron el patrimonio del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN) durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).
Entre los imputados figuraban el exjefe de Compras del PAN Abraham Williams, así como Loraine Brigitte Guardia y Rafael Guardia Juárez, hijos del exdirector del PAN Rafael Guardia Jaén, quien, por su parte, logró un acuerdo de colaboración en este caso.
En lo que respecta a la DIJ, el juez Loaiza argumentó que el expediente incluía un informe preliminar elaborado por la subcomisionada Gloria Méndez y el mayor José Almanza, auxiliares del Ministerio Público, pero advirtió que este debía ser ampliado, por lo que el documento era inconcluso y no concluyente.
“Lo consecuente habría sido acopiar los elementos para elaborar un informe final que debía ser remitido al Instituto de Medicina Legal, y este, a su vez, debía emitir otro informe para probar el aspecto objetivo del blanqueo de capitales”, concluyó el juez.
Loaiza alegó, además, que la Fiscalía Anticorrupción de Descarga –encargada de la investigación– no pudo demostrar el elemento de dolo (intención) para probar el delito, ni tampoco probó que los investigados eran parte de una organización criminal que se dedicaba a introducir dinero ilícito en la banca.
“Desconocían la procedencia ilícita de la petición de un amigo para facilitar sus firmas” en las sociedades Inversiones Alimec, S.A., Inversiones Jarl, S.A., Inversiones Glora, S.A. y Grupo Piombino Holding, S.A., que fueron objeto de la investigación, indicó.
Sobre este aspecto, el juzgado citó parte de la declaración indagatoria del exdirector del PAN Rafael Guardia Jaén, quien señaló que le daba instrucciones a sus hijos y estos no recibían beneficio alguno, porque no tenían conocimiento para qué eran las transacciones.
Asimismo, el exfuncionario indicó que su hijo Rafael Guardia Juárez consiguió personas conocidas para servir como firmantes de las sociedades o dignatarios, que muchas veces firmaban en blanco o documentos sin montos.
La fiscalía anunció que apelará el fallo de Loaiza. De acuerdo con el fiscal Adecio Mojica, en la investigación del caso quedó acreditado que durante la administración de Guardia Jaén (2012-2014) se giraron cheques, abrieron cuentas y transfirieron fondos a terceras personas para ocultar su procedencia ilícita.