El Juzgado Decimosexto Penal anuló la investigación y sobreseyó de manera definitiva a la exadministradora de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) Giselle Burillo, en el proceso que se le siguió por presuntos sobrecostos en el alquiler de vehículos cuando dirigía la entidad entre 2009 y 2014.
El juez Enrique Pérez también ordenó levantar las medidas cautelares impuestas a Burillo, dejar sin efecto la formulación de cargos y el archivo definitivo del caso.
Según Pérez, el informe de auditoría interna efectuado por la Ampyme –y que sirvió de base para la acusación contra Burillo– no tiene fundamento legal y mostró fallas en los datos presentados sobre las 26 órdenes para el alquiler de carros para los despachos superiores de la institución.
Para decretar la nulidad del proceso, el juez alegó que la Fiscalía Primera Anticorrupción hizo diligencias e imputó a Burillo cuando tenía fuero electoral, con lo que violó sus garantías.
Burillo fue candidata a diputada por Cambio Democrático en las pasadas elecciones de mayo de 2014.
En el fallo, Pérez también sobreseyó a cuatro exfuncionarios de la Ampyme: el exdirector Administrativo David Rivera, el exjefe de Compras Carlos Aguilar, la extesorera Carmela Jiménez y Juventino Iturralde, de Contraloría. Asimismo, a los comerciantes Mei Man Chen Kwong, Jigneshkumar Babubhai Rajput y Mónica Jigneshkumar Rajput.
ORIGEN DEL CASO
La investigación de este proceso se inició a partir de una denuncia interpuesta el 1 de julio de 2015 por la entonces sucesora de Burillo en la Ampyme, Ada Romero, basándose en el citado informe de auditoría interna.
Según la denuncia, Giselle Burillo alquiló un vehículo Lexus GX 460 por $4 mil 800 entre el 16 y el 18 de septiembre de 2013, a un precio cinco veces más caro del fijado para un carro de esas características en cualquier otra arrendadora.
Consultada ayer sobre el fallo, la exadministradora de la Ampyme dijo a este medio que “definitivamente, siempre supe que lo que ella [Romero] estaba haciendo era empañar mis casi 10 años en la Ampyme, que ahora es una institución fantasma”.
En noviembre de 2016, el juez Pérez también dictó un sobreseimiento provisional a favor de Burillo, como parte de la investigación que se le siguió por posibles sobrecostos en la contratación de furgones y remolques para transportar plantas móviles en la ciudad capital y en el interior del país.
En este caso, el juez está a la espera de una auditoría de la Contraloría General de la República.
OTRO CASO PENDIENTE
Burillo también tiene otros procesos en marcha. Recientemente, la Fiscalía Cuarta Anticorrupción remitió la vista fiscal con un pedido de llamamiento a juicio para Burillo y otras tres personas por supuestas irregularidades en contrataciones públicas en la Ampyme.
La investigación señala un supuesto fraccionamiento de 137 actos públicos por un monto en cada uno de ellos de $175 mil.
Según la denuncia, al haber incurrido en esta división de materia la exfuncionaria violó la Ley de Contrataciones Públicas.