Un juez dominicano declaró ayer inadmisible el acuerdo entre la Procuraduría General y Odebrecht, mediante el cual la compañía brasileña se comprometía a abonar $184 millones de multa por los sobornos pagados para conseguir contratos a cambio de que el Ministerio Público renunciara a procesar a sus empleados.
Entre tanto, la policía chilena allanó las oficinas de Odebrecht en Santiago por una investigación de presunto financiamiento a políticos de ese país, mientras que en Perú renunció la cúpula de la firma Graña y Montero, socios de Odebrecht en esa nación.
Juez dominicano rechaza arreglo con constructora