Un juez dominicano rechazó ayer un acuerdo entre la Procuraduría General y Odebrecht, por el cual la empresa brasileña se comprometió a pagar 184 millones de dólares como multa por sus sobornos en el país caribeño para obtener contratos.
El magistrado José Alejandro Vargas declaró “inadmisible” la solicitud que le hicieron las partes el 10 de febrero para validar el pacto, en el cual el Ministerio Público renunciaba a procesar a los responsables de la compañía.
A cambio del pago -que duplica el monto de las coimas- la Procuraduría también se obligaba a pedir la suspensión de medidas cautelares contra la empresa, como su inhabilitación temporal para contratar con el Estado.
“Es un remedio sencillo para una enfermedad muy grave”, dijo Vargas, coordinador de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, al leer la sentencia.
El juez consideró que el Ministerio Público no está facultado legalmente para realizar este tipo de arreglos y ordenó que el acuerdo se ajuste al “procedimiento establecido para los casos que comportan la gravedad de los hechos que se investigan”.
Organizaciones civiles habían pedido al juez rechazar la conciliación, por considerar que dejaba el caso en la impunidad.
ALLANAMIENTO EN CHILE
Entre tanto, al otro extremo del continente, la policía chilena allanó las oficinas en Santiago de Odebrecht.
La medida se enmarca en la investigación que realiza la fiscal Ximena Chong, de la también brasileña OAS, por un presunto financiamiento ilícito a políticos chilenos, incluida la campaña presidencial del izquierdista Marco Enríquez-Ominami en 2013. Representantes de Odebrecht en la capital chilena entregaron documentos contables a la policía, al igual como lo realizaron a comienzos de febrero trabajadores de OAS en Santiago.