El juez de garantías Adrián Hernández mantuvo la detención preventiva de Gilberto Ventura Ceballos, acusado por los secuestros y asesinatos de cinco jóvenes chorreranos, quien se había fugado de La Joyita en diciembre pasado y fue recapturado en Costa Rica esta semana.
Ventura enfrenta ahora un nuevo caso, por evasión y asociación ilícita.
'RECONOZCO LA EVASIÓN', DIJO VENTURA CEBALLOS
Gilberto Ventura Ceballos, acusado del crimen de cinco jóvenes de La Chorrera, pidió ayer ante un juez de garantías un acuerdo de pena por evasión, a raíz de la fuga que protagonizó el 28 de diciembre de 2016 de la cárcel La Joyita.
Ventura, que también enfrenta un proceso por el homicidio de los jóvenes, ingresó en la sala de audiencias del sistema penal acusatorio esposado de pies y manos. Llevaba chaleco antibalas y estaba custodiado por miembros de las fuerzas especiales de la Policía Nacional.
Cuando le tocó hablar, admitió haberse fugado, pero aseguró que no tuvo ayuda. “Ante los ojos de Dios y oídos de Él, reconozco la evasión de La Joyita, pero no admito la asociación ilícita para delinquir”, exclamó en la sala, ubicada en Plaza Ágora, en la que se encontraban familiares de las víctimas.
“Puedo llegar a un acuerdo de pena por el delito de evasión, pero no voy a aceptar que se acuse a alguien más por este delito”, reiteró.
Sin embargo, el fiscal primero especializado contra la delincuencia organizada, David Mendoza, mantuvo su tesis. Argumentó que Ventura contó con la colaboración de otras cuatro personas para evadirse de la prisión mientras el país celebraba las fiestas de fin de año. Habrían sido cómplices de la fuga, según el fiscal, un cabo de la Policía y una abogada.
En ese contexto, le formuló cargos por la supuesta comisión de los delitos de evasión y asociación ilícita.
Mendoza dijo contar con el testimonio de varios reclusos de La Joyita, quienes señalan que Ventura aprovechó la visita de una abogada para huir.
El juez de garantías, Adrián Hernández, admitió la imputación y ordenó mantener su detención preventiva.
El acuerdo de pena deberá ser negociado entre el imputado y la fiscalía.
El defensor público Edgar Barsallo Belfield denunció que, luego de la detención del acusado, este fue golpeado por agentes de la Policía y que le habían violado sus garantías fundamentales.