INVESTIGACIÓN JUDICIAL

Juez niega anular caso de pinchadora

El equipo, usado para espiar comunicaciones fue comprado en julio de 2010 a la empresa israelí M.L.M. Protection LTD, a un costo de $13 millones 475 mil.

El Juzgado Séptimo Penal rechazó un incidente de nulidad y desacato presentado por Giácomo Tamburrelli, exdirector del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN); Alejandro Garuz, exjefe del Consejo de Seguridad Nacional; y Xenia Rodríguez, exfuncionaria del PAN, a quienes la Fiscalía Segunda Anticorrupción investiga por la supuesta pérdida de una máquina para espiar comunicaciones.

Los exfuncionarios del gobierno de Ricardo Martinelli pretendían anular todo lo actuado por la fiscalía después del 19 de agosto de 2015, cuando consideran debía finalizar la investigación.

El juez Felipe Fuentes negó el recurso con el argumento de que “aún no se ha agotado el tiempo razonable de las pesquisas”.

En el fallo, que se dio a conocer la semana pasada, el juez también concluyó: “ha de tenerse en cuenta para establecer judicialmente el plazo razonable [de un caso] los perjuicios reales que el proceso esté causando a las personas involucradas, (...)”. Y de esto, dijo, “no hay constancia alguna”.

En el documento también se señala que “hay que atender la complejidad de las diligencias probatorias que se practicaron y las que se pretende practicar, que en este caso son muchas”.

La fiscal segunda Anticorrupción, Vielka Broce, dice en la sentencia que la investigación se detuvo por un momento, pues se solicitó al Tribunal Electoral el levantamiento del fuero penal de uno de los procesados. Y acotó que no ha remitido el caso al Órgano Judicial por tratarse “de una investigación con gran actividad”.

Este caso es paralelo al que adelanta la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada por la supuesta comisión de delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, en el que se le formularon cargos a los exjefes del Consejo de Seguridad Nacional Gustavo Pérez y Alejandro Garuz.


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