El Juzgado Decimosegundo Penal negó una solicitud para levantar las medidas cautelares impuestas a una casa de playa valorada en $400 mil, propiedad de Adolfo Chichi De Obarrio, ex secretario privado del expresidente Ricardo Martinelli.
La Fiscalía Anticorrupción de Descarga investiga a De Obarrio por la supuesta comisión del delito de enriquecimiento injustificado.
El juez Óscar Carrasquilla, a través del auto 152 del pasado 15 de mayo, negó la petición que hizo la defensa de De Obarrio, argumentando que existe una relación entre los hechos investigados y la propiedad cautelada.
En su decisión, el juez resaltó que la Fiscalía Anticorrupción de Descarga aportó evidencias que vinculan a De Obarrio con la sociedad Vista de Montañas, de la cual posee la mayoría de las acciones y que es propietaria de la casa , por lo que “es conducente” la acción adoptada por dicha fiscalía.
El caso
De Obarrio, quien no ha comparecido al proceso, enfrenta cargos por la supuesta comisión del delito de enriquecimiento injustificado, luego de que un informe de la Contraloría General de la República revelara que no podría justificar ingresos por la suma de $3.6 millones.
En medio de esta pesquisa, la fiscalía ha cautelado otras propiedades ligadas al ex secretario privado de Martinelli. Entre ellas, un apartamento en el edificio Icon Tower, ubicado en el corregimiento de San Francisco, en la capital.
Otros investigados
En este caso, la fiscalía también formuló cargos a otras cinco personas por considerar que presuntamente colaboraron para ocultar la procedencia de los dineros.
En esta lista figuran su madre, Silvana Manzini de De Obarrio; su esposa, Ivette Barsallo Fábrega de De Obarrio; María Alessandra Salerno, al igual que los empresarios Mike y Gabriel Gaby Btesh. De Obarrio salió del país el 14 de diciembre de 2014 y desde ese momento se desconoce su paradero.
De Obarrio, quien era considerado uno de los hombres de confianza de Martinelli, también enfrenta otros cuatro procesos penales, en los que se le investiga por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública.