El Juzgado Decimotercero Penal archivó provisionalmente la pesquisa que se seguía por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública en perjuicio de la Universidad de Panamá (UP), a raíz de presuntas anomalías en el contrato para el diseño, construcción y equipamiento de centros de innovación, emprendimiento y desarrollo en siete sedes regionales de esa casa de estudios.
Entre las razones que expone la jueza Alina Hubiedo en su fallo del 5 de enero pasado figura que el término de investigación que tenía la Fiscalía Anticorrupción de Descarga ya venció y no se han formulado cargos.
Recordó que el 29 de noviembre de 2016 el Ministerio Público (MP) solicitó una prórroga para seguir con la investigación, y que ese tribunal le concedió otros seis meses. Añadió que la fiscalía pidió otro plazo, pero esa solicitud fue negada.
Narró que en la vista fiscal del 12 de octubre de 2017, esa agencia recomendó que se dictara un sobreseimiento provisional, porque se había vencido el término para investigar el caso.
Hubiedo indica, además, que la fiscalía cuenta con una auditoría de la Contraloría General de la República, en la que, “si bien se establecieron irregularidades en el contrato”, con el que “se habría ocasionado una posible lesión patrimonial de $15.3 millones, no consta la ratificación de los auditores forenses de Contraloría”.
La jueza también aprovechó la sentencia para reclamarle al MP, porque en su vista fiscal puso de manifiesto que la investigación “revestía de un carácter complejo” y que se habían desatendido las diligencias judiciales pendientes a practicar, “gracias al término irrisorio y dantesco otorgado” (por el juzgado).
Incluso, Hubiedo pidió respeto. “Consideramos oportuno solicitar respeto a la fiscal, respeto que siempre hemos mantenido hacia las distintas fiscalías y con las diferentes partes en los procesos. No es por no haber acogido una petición formulada por dicha agencia de instrucción que se deben usar este tipo de palabras hacia la suscrita”, añadió la jueza.
El fallo también advierte que el Código Judicial permite la reapertura de un sumario cuando se otorga un sobreseimiento provisional.
EL CASO
El proceso tuvo su génesis en septiembre de 2016, tras una denuncia de Vicente Archibold, de la Dirección de Asesoría Legal de la UP.
Archibold alegó que el entonces rector de esa casa de estudios, Gustavo García de Paredes, impidió el desarrollo de funciones de la Dirección de Asesoría Legal, toda vez que la Dirección de Servicios Administrativos instauró un despacho de asesoría legal paralelo, que emitió ocho contratos presuntamente irregulares.
Añadió que se otorgó una adenda al contrato principal que aumentó sus costos.
El costo original del contrato era de $4.5 millones y según la Contraloría aumentó a $15.5 millones.