El Juzgado Octavo Penal concedió una fianza para no ser detenido, por la suma de $ 300 mil, al dirigente transportista y candidato a diputado del partido Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena) por el circuito 8-10, Esteban Rodríguez, dentro de la investigación que lleva adelante la Fiscalía Anticorrupción de Descarga por presuntas irregularidades en la compensación económica otorgada a los propietarios de autobuses “diablos rojos” entre los años 2010 y 2014.
En una resolución del 17 de enero de 2019, la jueza octava penal Leira Terán Turcios concedió la fianza a favor de Rodríguez por considerar que en el expediente no hay indicios de que el imputado pueda darse a la fuga o destruir pruebas.
La jueza dispuso aplicarle al imputado la medida cautelar de impedimento de salida del país sin autorización judicial. Además, ordenó que en el momento que el investigado consigne la fianza, este deberá informar la dirección exacta de su residencia.
Los detalles de un caso complejo
A Rodríguez se le vincula con la presunta comisión del delito de peculado, relativo a supuestas irregularidades en la compensación económica que le pagó el Estado por dos cupos de autobuses de la ruta Corredor Norte, por un monto de $150 mil.
En la investigación de la fiscalía se estableció que los certificados de operación No.8B -1130 y SEL 1 79 se encontraban nombre de Rodríguez y fueron compensados por la suma de $75 mil cada uno.
Las pesquisas indican que las compensaciones por los autobuses fueron efectuadas a favor de Rodríguez el 31 agosto de 2010 y el 11 de enero de 2011.
Rodríguez fue candidato presidencial por la libre postulación para los comicios de 2014 y para las elecciones de mayo próximo será candidato a diputado. Se desconoce si la fiscalía ha pedido el levantamiento del fuero penal electoral a Rodríguez.
La jueza argumentó que el monto de la fianza fue fijado en $300 mil por el hecho de que la investigación no ha concluido y la lesión patrimonial en perjuicio del Estado es grave.
El pasado 3 de enero, el Juzgado Octavo Penal concedió a la fiscalía un término de ocho meses para concluir la investigación, pero los abogados defensores apelaron esta decisión.
