La jueza de garantías de Panamá Sandra Castillo declaró legal la imputación de cargos por robo, posesión ilegal de armas y tentativa de homicidio y ordenó la detención provisional de dos personas arrestadas el pasado martes como sospechosas del asalto a la sede de la Dirección General de Ingresos (DGI), ubicada en la avenida Balboa.
Durante la audiencia, la fiscal Argentina Barrera solicitó la imputación y arresto de los sujetos en base a los testimonios de los funcionarios de la DGI que presenciaron el asalto.
Según los testigos, indicó la fiscal, los delincuentes, cuatro en total, entraron anunciando: “todo el mundo al piso o se mueren, busquen la plata”.
Antes de salir de la sede de la DGI con el dinero, uno de los asaltantes le disparó en el rostro al sargento segundo de la Policía Nacional, que se encuentra en estado delicado en el Hospital Nacional.
También la fiscal indicó que existen las pruebas que se recolectaron en el allanamiento que se hizo en el taxi, que era conducido por un hombre de 23 años y a bordo iba otro de 35 años de edad, en el que se encontraron tres bolsas chocolates con la suma total de $11.6 millones.
Además se ubicaron dos armas de fuego con municiones, guantes de látex y zunchos.
La fiscalía también señaló que los detenidos no tienen permiso legal para portar armas de fuego, las cuales fueron decomisadas.
De todos los argumentos de imputación expuestos por la fiscal Barrera, el referente al de posesión ilegal de armas fue el único refutado por los abogados defensores, Italia Polo y Ernesto Guillén, este último defensor público del hombre de 35 años.
Luego de valorar los argumentos de la fiscal y la defensa, la jueza Castillo declaró legal la imputación de cargos a ambos hombres. Seguidamente se dio inicio a la audiencia para decidir la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público.
La encargada de exponer por el MP fue la fiscal Isaura Mejía, quien expresó que el taxi en el que escaparon los asaltantes fue interceptado siete minutos después del robo, en el que iban dos hombres a los que se les encontró armas de fuego, el dinero y otros elementos de prueba.
Los abogados defensores se opusieron a la medida de detención provisional pedida por la fiscal. La defensa argumentó que los hombres no tenían ninguna vinculación con las pruebas encontradas en el taxi, el cual indicaron fue interceptado dos horas después del asalto registrado a la DGI.
Tras los argumentos de la fiscal y los defensores, la jueza legalizó la detención provisional del hombre de 23 y el de 35 años.
La jueza determinó su decisión, según dijo, porque se suscitó un hecho en el que se puso en peligro la vida de varias personas y una de ellas resultó gravemente herida. También alegó que existe peligro de fuga de los imputados, por lo que justificó la detención provisional.