CASO POR ALQUILER DE LOCALES

Jueza sobresee a exdirector de la CSS

También dictó sobreseimiento para el exsubdirector de la CSS Marlon De Souza y otros tres exfuncionarios de esta entidad.

Jueza sobresee a exdirector de la CSS
El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales ordenpo el comiso de cuentas bancarias de Silvana Manzini de De Obarrio. Archivo.

El Juzgado Decimosegundo Penal dictó un sobreseimiento para cinco exfuncinarios de la Caja de Seguro Social (CSS) procesados por supuestas irregularidades en el alquiler de 32 locales en la plaza comercial El Cruce, en Pedregal, propiedad de Irnico, S.A., del empresario Fotis Taquis.

La jueza encargada Lania Batista dictó sobreseimiento provisional para Guillermo Sáez-Llorens, exdirector de la CSS, y para Alberto Maggiori Toledano, exdirector de Administración y Finanzas de la entidad.

También decidió dar sobreseimiento provisional para las exfuncionarias de la Dirección Ejecutiva Nacional de Infraestructura y Servicio de Apoyo Indira Maritza Frauca Morales de Afú y Linett Monterrey Ocaña.

Mientras que para el exsubdirector de la CSS Marlon De Souza dictó un sobresimiento definitivo.

En el fallo, dictado el 20 de julio de 2016, la jueza concluye que de los cargos endilgados en contra de los exfuncionarios (delitos contra la administración pública) no se logró demostrar de manera fehaciente el hecho punible denunciado ni la vinculación de los procesados.

También argumenta que la investigación contaba con un informe interno de auditoría de la CSS que determinó un perjuicio de $662 mil 850 en el alquiler de los locales, no obstante, no existía una auditoría por parte de la Contraloría General que señalara algún perjuicio económico al patrimonio de la CSS.

En cuanto a Marlon de Souza, la jueza argumenta que la Ley Nº 51 de diciembre de 2005 -orgánica de la CSS- lo faculta para firmar cualquier tipo de documento en ausencia del director de la CSS, es decir, que actuó de acuerdo con sus facultades legales al autorizar el alquiler de los locales. La jueza dejó sin efecto la medida cautelar de país por cárcel que le fue aplicada a todos los imputados por la Fiscalía Tercera Anticorrupción, que llevó la investigación.

Este proceso se inició en 2012 por una denuncia que interpuso el ciudadano Pedro Montañez por el alquiler de los locales para servicios médicos de la CSS.


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