El 28 de noviembre de 1975, en Santiago de Chile, tuvo lugar una reunión de seguridad presidida por Manuel Contreras, el jefe de la Policía secreta del régimen de Augusto Pinochet. En este encuentro participaron militares de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay.
Allí, bajo el nombre código de Cóndor, los servicios de inteligencia de los países representados consolidaron un plan para coordinar la “neutralización” de los movimientos de resistencia contra las dictaduras afincadas entonces en el continente. Se trataba, dentro de la lógica de la Guerra Fría, de contener a los “elementos” de izquierda, marxistas, subversivos para ubicarlos, vigilarlos, detenerlos y, eventualmente, desaparecerlos.
Contreras había sido invitado previamente, ese mismo año, al cuartel general de la CIA, en Langley, durante 15 días. Según el periodista e investigador Cristopher Hitchens, el entonces secretario de Estado de Estados Unidos (EU), Henry Kissinger, habría sido ideólogo de dicha operación.
En junio de 1976, según documentos desclasificados del Gobierno de Estados Unidos, habría tenido lugar una conversación entre Kissinger y el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, César Augusto Guzzetti, en la que Kissinger le habría dicho: “Si hay cosas que tengan que ser hechas, deben hacerlas rápido. Pero deben volver pronto a procedimientos normales”, en referencia a la lucha antisubversiva.
El 13 de agosto de 1976, el Departamento de Estado emitió otro documento dirigido a las embajadas de países sudamericanos, en el que señalaba que “mientras aprobamos el intercambio de inteligencia e información, los planes de asesinatos internacionales son muy serios y crearían problemas en las relaciones con los Estados Unidos”.
El Plan Cóndor preveía tres etapas, detalla la abogada Luz Palmas, quien ha representado a víctimas de esta trama en Argentina.
Primero, la identificación de los opositores. Segundo su eliminación, o su secuestro, en los países sudamericanos.
La tercera etapa, la neutralización de los exiliados en Europa, o en el exterior de América del Sur, asegura Palmas, fue finalmente suspendida luego del atentado ejecutado en Washington por un agente de los servicios chilenos y de la CIA contra Orlando Letelier, el excanciller de Salvador Allende, asesinado con una bomba en su automóvil en Washington, el 21 de septiembre de 1976.
El fin de las dictaduras y el retorno a la democracia en la mayoría de los países del cono sur, a partir de 1980, permitió que se fueran conociendo aspectos del plan.
Notable es el caso del activista paraguayo Martín Almada, quien estuvo exiliado en Panamá, y tras volver a su país, al final de la dictadura de Alfredo Stroessner, descubrió miles de documentos de seguimientos y detenciones e interrogatorios coordinados por el Plan Cóndor. Estos son conocidos como los “archivos del terror”.
Poco a poco se intentaron caminos judiciales para llevar al banquillo a los responsables de los crímenes en cada país.
En Argentina, un grupo de abogados logró, en 1999, que se iniciara un proceso formal por el Plan Cóndor.
Pero no sería sino hasta 2013 que se iniciaría un juicio. Entonces había 25 acusados, entre ellos, el exdictador argentino Jorge Videla (1976-1981).
Videla fue hallado muerto en su celda, tres días después de declarar, el 25 de mayo de ese año.
El pasado viernes 27 de mayo de 2016 culminó en Buenos Aires el histórico juicio, tras 16 años de investigaciones. Tres jueces del Tribunal Federal dictaron 15 condenas y 2 absoluciones. Tres acusados fueron condenados a 25 años de prisión: el exgeneral Santiago Omar Riveros, el ex espía de inteligencia Miguel Ángel Furci y el uruguayo Manuel Cordero, un ex agente de inteligencia clave en la coordinación con los demás países de la región. El último representante de la Junta Militar argentina, el dictador Reynaldo Benito Bignone (1982-1983), y el excoronel Rodolfo Feroglio, fueron condenados a 20 años.
(Con servicios internacionales).